El Presidente se escuda en el decreto de emergencia económica. La AN considera la decisión como inconstitucional, pues todos los actos desprendidos del decreto de emergencia económica son nulos, por no contar con la certificación del Parlamento
La amenaza del desconocimiento del Poder Legislativo para la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2017 se hace cada vez más palpable. La posibilidad la había asomado Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, hace dos semanas cuando declaró que dudaba si el proyecto pasaría por el Parlamento. Pero, es ahora el presidente Nicolás Maduro quien confirma que las normas y los árbitros cambian.
El mandatario informó ayer que consultará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre una vía para aprobar el presupuesto sin necesidad de ser sometido a la discusión de la Asamblea Nacional.
"Yo necesito que el presupuesto de 2017 sea viabilizado (viable), aprobado y que nada se detenga", dijo el Presidente a través de una cadena obligatoria de radio y televisión al firmar la carta en la que pide la opinión del máximo tribunal para arrogarse la autoridad para aprobar el presupuesto público.
De acuerdo con el primer mandatario, el presupuesto está listo y pide la observación del TSJ para “mantener su constitucionalidad y legalidad", pues a pesar de que la Constitución establece que el plan debe ser presentado al Parlamento, “también es muy clara sobre los decretos de estado de excepción económica”. Sobre el proyecto solo adelantó que se invertirá 70 por ciento en el desarrollo social y económico del país.
Se escuda en que la AN está en desacato, luego de la incorporación de los diputados de Amazonas, cuyo proceso electoral no han resuelto desde diciembre del año pasado. “El pueblo tiene que tener la garantía que no me voy a dejar maniatar por ninguna oligarquía, sea de Ramos Allup, o de quien sea. Soy constitucionalista y por esto tomo esta medida. Espero para que el TSJ fije las pautas de acuerdo”.
Desde la AN
Este es el primer año del mandato de Maduro que tiene que enfrentarse a una plenaria con mayoría opositora para certificar la legislación de la planificación. Pero, introduce el decreto de emergencia económica como protección, una situación que Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, encargada de aprobar el plan del Ejecutivo, considera como inconstitucional.
Explica que este estado de excepción debió ser autorizado por el Parlamento, además de tener una extensión de 60 días prorrogables por 60 días más, dos características que no se cumplieron en ninguna de las cuatro renovaciones efectuadas por el Gobierno. “Todos los actos que se desprenden de él son nulos”, afirma Marquina.
Critica lo que considera una pretensión de convertir el decreto de emergencia en una ley habilitante, usurpando los poderes de la AN. “Maduro ha autorizado 30 créditos adicionales de un billón 506 millardos de bolívares, eso es 94 por ciento del presupuesto 2016”, rechaza el parlamentario. Apuestan a que se efectúe este año el referendo revocatorio en contra del presidente para restablecer el Estado de derecho.