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“Nos dirigimos a la nación para exponer las razones que nos obligaron a insurgir contra un gobierno devenido en tiranía, que como tal se arroga todos los poderes del Estado y que pone en entredicho la independencia y la integridad territorial de la nación, su unidad, la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones, la protección y enaltecimiento del trabajo, el mantenimiento del patrimonio moral e histórico de la nación, forjado por el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y la acción de los grandes servidores de la patria cuya expresión más alta es Simón Bolívar, violando con ello los objetivos programáticos expuestos en el preámbulo de la Constitución y desarrollados por esta”.
“¿Cómo podría calificarse al gobernante que por dejación, y a veces por decisión deliberada, permite y propicia que los habitantes del país sean habitualmente ejecutados por el hampa todos los fines de semana? ¿Cómo justificar las 40 víctimas de asesinato que solamente en la capital nos brinda semanalmente esa falsa democracia?”.
El Presidente se siente libre de disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos y de permitir que las Policías y el hampa asuman el papel de verdugos de hombres y mujeres indefensos, que confiaron su vida y su seguridad al Estado y a sus gobernantes”.
“Basta ver los periódicos y las cifras suministradas por la Fiscalía General de la República para darse cuenta de que con el debilitamiento del poder real de esta tiranía, ha aumentado la indefensión de la población ante los órganos de seguridad del Estado y del hampa común, hermanados en su propósito de sembrar el terror en la población”.
“En Venezuela no existe separación alguna entre las ramas del Poder Público, pues los partidos políticos, violando deliberadamente su función de intermediarios entre la sociedad y el Estado, conspiraron entre sí para usurpar la soberanía popular y lograr que el Ejecutivo se arrogase la totalidad de los poderes del Estado”.
“Si no se atiende a las opiniones que sobre el sistema político y el Gobierno emanan de la sociedad, a través de sus múltiples voceros, sean estos institucionales o personas que gozan de autoridad moral y son consideradas voceros legítimos del sentir popular, se produce de hecho la negación del derecho a la libertad de expresión”. (Eso fue hace más de 20 años).