Desde el sector comercial pequeño, la política salarial “es exorbitante”. José Hernández, comerciante, destaca que en la venta de celulares se reportan cierres de negocios porque no pueden sostener el pago a los empleados
María Rincón, contadora, asegura que el aumento decretado a partir del 1 de noviembre de 40 por ciento y que coloca en Bs. 90 mil 812 el salario integral, no cubre las necesidades porque la inflación está en constante alza.
Considera que mínimo y solo para comida se requieren 200 mil bolívares por encima de los 63 mil 720 bolívares fijados para el pago de cestatique de alimentación. Y es que en una semana las compras de productos superan los 40 mil bolívares dejando rezagado la bonificación oficial.
“Creo que no hay control de la inflación”, sostiene al criticar que mientras se aumentan los salarios, los precios de los bienes se ajustan. Se afecta a la familia que busca abastecerse de rubros esenciales.
Xiomara Crespo, costurera, reclama que la medida impacta en la estabilidad laboral. Sospecha más desempleo con un resultado negativo para el trabajador y para las familias. “El salario no alcanza para nada”.
Desde el sector comercial pequeño, la política salarial “es exorbitante”. José Hernández, comerciante, destaca que en la venta de celulares se reportan cierres de negocios porque no pueden sostener el pago a los empleados. “Es muy fuerte. La población de microempresarios no va a poder subsistir”.
Karim Noain, administrador de una mueblería, asegura que el sector está golpeado desde el año pasado por la caída de las ventas de artículos para el hogar. En mayo, tras el segundo ajuste, se realizaron reestructuración de nóminas. Hay empleados que renuncian porque se van del país.
Revisar los costos de producción, de ventas es la primera tarea de los comercios que ofertan bienes no priorizados. Aumentarlos más supone infringir la Ley de Precios Justos que establece ganancias de 30 por ciento. Noain sospecha la revisión en detalle de gastos operativos para cumplir con el decreto salarial.