Francisco Rangel Gómez, gobernador de Bolívar, justifica en televisión por qué desestimó la desaparición de 28 lugareños. Américo De Grazia, diputado, denunció que recibió amenazas de muerte por hacer pública la desaparición de las víctimas. Acusa a alias el “Capitán”
“Son falsas informaciones sobre mineros asesinados”, escribió Francisco Rangel Gómez, gobernador de Bolívar, en su cuenta en Twitter @rangelgomez el 5 de marzo. Doce días después justifica su silencio, se compadece de los familiares y cataloga el hecho como una “masacre”. Hoy, políticos y comunidades exigen su renuncia e investigación, lo consideran cómplice del asesinato de 15 mineros y dos cocineras.
El gobernante se defendió de las acusaciones y argumentó por qué desestimó y ocultó el caso. En el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, declaró: “Un gobernador no puede salir en el primer minuto a decir que sí es verdad, que hubo una masacre con 28 muertos”.
Los familiares de los desaparecidos tomaron la Troncal 10. Impidieron el paso a Tumeremo por cinco días hasta que la Guardia Nacional los dispersó. Ni siquiera la insistencia de los parientes los hizo doblegar. El gobernador necesitaba pruebas.
En el Hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo empezaron a encontrarse los primeros rastros el 8 de marzo. Un doctor informó que el viernes 4 llegaron mineros baleados, apuñalados, golpeados, decían haber escapado de la masacre. “Los cuerpos de los muertos nunca llegaron a la morgue, parece que los botaron en fosas comunes. Lo que nos dijeron los testigos fue que los atacaron miembros del sindicato”, publicó el portal del BBC Mundo.
Un día después, un grupo de periodistas localizó en un fundo llamado Los Peregrinos, hallaron seis pares de zapatos, billeteras vacías, cuerdas y cinturones, que al parecer son de las supuestas víctimas. Francisco Rangel Gómez se mantuvo al margen, aunque el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo y una comisión de Caracas de la Policía científica tomaron el pueblo.
El 10 de marzo se divulgó el nombre del autor intelectual de la matanza. Jamilton Andrés Ulloa Sánchez (43), apodado el “Topo”, quien nació en Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, y llegó a Tumeremo en 2009 y desde entonces domina la extracción de oro y minerales, el comercio de alcohol, drogas y prostitución. La Policía detuvo a Rosa Zoraida Gil Salazar (56), quien coordinó la logística para trasladar los cuerpos.
Los allanamientos, las excavaciones cerca de las minas continuaron hasta el 14 de marzo cuando a las 12.00 del mediodía localizaron en el sector Barro Largo de Nuevo Callao los primeros cuatro cuerpos. Los otros 13 aparecieron en el transcurso de la tarde-noche. Todos estaban en bolsas negras y descompuestos.
“Dieciséis presentaron heridas de bala en la región cefálica y uno en el tórax. Todos fueron ejecutados con armas de fuego”, detalló Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ayer en rueda de prensa en la sede del Fuerte Tarabay.
“Es grave lo que pasó aquí: estamos enfrentando a desalmados que ejecutaron a 17 personas sin armas”, acotó la jurista, quien se comprometió a proteger a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. “El Ministerio Público va a sancionar a los responsables para que haya justicia”.
Una hora tuvieron los parientes para despedirse de sus seres queridos. El funeral fue fugaz y todos asistieron. Hubo una procesión al cementerio. A unos los enterraron en una fosa y a otros en parcelas familiares. En Tumeremo no hubo distinción. El pueblo lloró a inocentes trabajadores.
Investigación e implicados
Faltan emitir tres órdenes de captura, entre ellas la del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, presunto autor intelectual de la matanza. Los tribunales privaron de libertad a Rosa Zoraida Gil Salazar (56), por ser presunta cómplice necesaria en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, legitimación de capitales y asociación para delinquir; y a Luis Tomás Rivera Malavé, presuntamente vinculado con el manejo de capitales de Ulloa Suárez. Lo imputaron por legitimación de capitales y asociación para delinquir. A ambos los recluyeron en el Internado Judicial de Maturín, estado Monagas.
Douglas Rico, director general de la Policía científica, aseguró que las investigaciones no han concluido. Anunció que trasladarán a Caracas a unos funcionarios regionales de Bolívar para investigar su presunta participación en el homicidio.
“No se descarta continuación de una investigación penal contra funcionarios de algún organismo, no solamente CICPC, Sebin u organismo militar”.
Las víctimas
Marielys Ruiz Muñoz, Mary Dalia Ruiz Muñoz, Jesús Alfredo Aguinaldes González (25), José Gregorio Nieves Aguinaldes (25), Gustavo Guevara Aguinaldes (22), José Ángel Ruiz Montilla (25), Cristóbal José Heredia Caña (24), Néstor de Jesús Ruiz Montilla (31), José Ángel Ruiz Montilla, José Armando Ruiz Montilla, Jesús Gregorio Romero (22), Júnior José Romero, Roger Ángel Romero (20), Luis Díaz Guzmán (24), Ángel Ignacio Trejo Sosa, Armando Rodríguez y Jairo Rodríguez.