Masiva asistencia en primer día para validar firmas

Varios miles de opositores acudieron este lunes a los centros de validación en la capital y otras ciudades para certificar sus firmas, proceso que será crucial para activar un eventual referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro

Desde comienzos de la mañana miles de opositores se aglomeraron en los centros que fueron activados por el Consejo Nacional Electoral en Caracas y otras ciudades para convalidar las rúbricas. En esta etapa del proceso, que se extenderá por cinco días, se espera que participen cerca de 1,3 millones de personas que fueron autorizadas por el CNE para certificar las firmas a favor del referendo. 

El dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, se mostró confiado de que la coalición opositora logrará las casi 196 mil firmas que exigen las autoridades electorales para pasar a otra fase del proceso. De superarse esta etapa la oposición deberá emprender la recolección de más de cuatro millones de firmas para lograr activar formalmente la consulta popular. 

“El revocatorio se va hacer este año, es un derecho constitucional”, dijo Capriles a la prensa al asegurar que a pesar de los “obstáculos” la consulta contra Maduro será en el 2016. “Sobre las espaldas de quienes van a validar está el futuro del referendo revocatorio”, agregó. 

“En Venezuela no se ha dado ningún diálogo…este gobierno no quiere diálogo”, dijo el dirigente al pedir a los expresidentes que participarán el martes en una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, para discutir la crisis de Venezuela, que informen sobre la situación real del país. 

Capriles insistió en que la coalición opositora está abierta a apoyar el proceso de diálogo que está impulsado un grupo de expresidente y Unasur, pero descartó que eso implique la postergación del referendo para el 2017. 

“Siento una gran alegría por validar mi firma porque queremos que Maduro se vaya porque esta situación no la aguanta nadie”, afirmó Franklin Méndez, un jubilado de 74 años, tras convalidar su rúbrica en un registro civil de la populosa barriada pobre del 23 de Enero, en el oeste de la capital, que hasta diciembre pasado fue considerada uno de los bastiones del oficialismo. 

Méndez admitió sentir algo de temor por certificar su firma en eesa barriada, donde se ha denunciado que operan grupos pro oficialistas armados, pero indicó que a pesar de la inseguridad decidió salir para “luchar contra el miedo”. 

“Todos estamos con la necesidad de que esto cambie porque no podemos seguir en esta crisis. No me importa hacer todos los sacrificios necesarios para lograr el referendo”, dijo Augusto Torrealba, un empleado de 54 años, tras esperar cerca de dos horas en una larga fila para validar su firma en un centro del norte de la capital. 

El inicio de la validación de las rúbricas se da luego de más de un mes de protestas que realizaron los opositores para presionar el inicio del proceso que se demoró debido a exhaustivas revisiones de las firmas que realizó el CNE, que es señalado de estar controlado por el oficialismo. 

Las autoridades electorales consideraron como válidas 1.352.052 firmas que consignó la oposición, e invalidaron otras 605.727 por incumplir los requisitos y presentar fallas en los registros de los datos, problemas en la impresión dactilar, cédulas de identidad inexistentes, fallecimiento de los electores, inhabilitación de electores condenados y casos de menores de edad. 

El presidente Nicolás Maduro descartó la semana pasada que el referendo revocatorio pueda darse en el 2016 y anunció que demandaría a los dirigentes opositores por presentar un “paquete podrido” de firmas, e incurrir en un “fraude”. 

Un grupo de dirigentes oficialistas presentó la semana pasada en el Tribunal Supremo de Justicia una “demanda con amparo cautelar” para que se garanticen los derechos constitucionales y políticos de los venezolanos y “no sea un fraude brutal perpetrado” el que autorice a cumplir con la siguiente etapa para un eventual referendo. 

Maduro hace frente a este proceso en medio de una compleja crisis dominada por una galopante inflación, severos problemas de escasez de alimentos y medicinas, y una recesión económica. El gobierno sostiene que la crisis es consecuencia de una “guerra económica” promovida por sectores opositores.