Sanciones disciplinarias, multas económicas, audiencias en tribunales y condenas son algunas de las consecuencias que enfrentan. Sanciones disciplinarias, multas económicas, audiencias en tribunales y condenas son algunas de las consecuencias que enfrentan
Las asambleas de los profesionales de la salud que recorren los hospitales del estado continúan, al igual que las denuncias, sobre la falta de todo tipo de materiales y equipos para desempeñar su labor. En cada una de ellas, surgió una nueva preocupación y es que las consecuencias que les traería a cada uno de ellos el “trabajar con las uñas” están sobre el tapete.
Las “carencias” que existen en los hospitales “prácticamente los exterminó”, y en medio de una “crisis galopante” deben trabajar sin equipos e insumos “exigiéndoselos a todo a los pacientes” y en algunos casos con dinero de sus bolsillos para cubrir los gastos ajenos. Al no estar garantizados por el centro hospitalario y el estado, la procedencia de estos materiales es “dudoso y sin permisos sanitarios” lo que puede traer como consecuencia lesiones graves, como lo estipula el código penal o hasta homicidios.
El peso de la ley
Juan Carlos Araujo, cirujano y consultor jurídico del Colegio de Médicos, explicó que no se les juzgará por homicidio culposo porque el juez dirá “que si estamos al tanto que no debemos usar ese medicamento o insumo al no ser seguro” entonces por qué lo haces y “nos acusará por un dolo eventual” por lo que existirán responsabilidades penales que pueden desencadenar en la privativa de libertad y el cese del ejercicio profesional por el tiempo estipulado en la sentencia.
Los profesionales también se enfrentan a consecuencias civiles y uno de los artículos del Código de la Deontología Médica estipula que quien con intención, por negligencia o imprudencia cause un daño a otro, está obligado a repararlo por lo que pueden ser demandados civilmente al “no garantizar a los pacientes su derecho a la salud”.
Las sanciones disciplinarias “están a la orden del día” y el Colegio de Médicos puede ejercerlas de acuerdo a lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Medicina que señala en su artículo 124 que por imprudencia e injerencia debe recaer una sanción que abra un expediente disciplinario, inhabilite para ejercer el cargo y recaigan multas sobre los infractores.
Drama hospitalario
En medio de la “crisis”, quienes se dedican a las labores de salud, se ven “obligados” a reutilizar en varios de sus pacientes las jeringas, sondas y guantes multiplicando en un “gran” porcentaje el aumento de enfermedades por trasmisión.
Una paciente que llegue en estado de embarazo y no reciba una atención oportuna en el trabajo de parto es amparada por la Ley de Violencia Contra la Mujer y el médico podría enfrentarse a una multa de entre 250 y 500 Unidades Tributarias. Este panorama, hace que los especialistas se enfrenten a consecuencias de tipo penal, administrativas, civiles y disciplinarias por la falta de insumos.
En un contexto en el que las Unidades de Cuidados Intensivos permanecen sin aires acondicionados y con las ventanas abiertas, además de que las personas peregrinan las farmacias en busca de medicamentos que no consiguen en los hospitales, los pacientes son operados y la responsabilidad de lo que les ocurra también recae sobre los doctores, por decidir realizar el procedimiento quirúrgico que busca a “toda costa” salvar sus vidas.
Efecto dominó
“El monstruo que crearon” ahora amenaza con devorarlos y el entregar una lista para que el paciente compre los medicamentos que necesita, el material para que se opere y los estudios a realizarse fuera del hospital, al no contar con equipos internos o estar dañados, hace aún más “grave” la situación debido a la falta de control.
La Constitución estipula que la salud es un servicio gratito y el Estado debe garantizarlo, si embargo, los médicos a diario practican una “eutanasia” al ver cómo sus pacientes mueren junto a ellos por falta de fármacos, insumos o situaciones de insalubridad. Aunque muchos dicen sentir temor y estar al tanto de las consecuencias que les podrían traer, otros dicen que de hacerlo no trabajarían porque así “sobrevivimos” en Venezuela.
Araujo explica que todo ello es “una gran bomba de tiempo” y cuando el paciente entienda que tiene derecho, “entrarán” en un gran conflicto médico legal. “No somos los culpables de esta situación. Aportamos nuestros conocimientos, pero no podemos traer los insumos al hospital. Atendemos a los pacientes con materiales inadecuados y lo asumimos porque nuestra responsabilidad es garantizar su salud, aunque también el Estado debe hacerlo”.
El consultor comentó que “muy” pocos conocen las leyes y el problema legal es serio. Sus labores se rigen por la Ley del Ejercicio de la Medicina, el Código de Deontología Médica y la Constitución por lo que, prácticamente, se “violan todas las normas que estos contemplan”.
Problema nacional
Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Zulia, reiteró que por “encubrir” las fallas del Estado pueden cometer una mala praxis por hacer procedimientos sin los controles de seguridad e higiene necesarios. “Si se investiga cuál es el procedimiento que hacemos, pueden conseguir de que somos cómplices y queremos evitar ser partícipes de los errores que comete el Estado. El hecho de permitir que hospitalicen pacientes con diferentes diagnósticos en una sola sala ya nos hace parte de este desastre”.
Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, corroboró que existe un riesgo latente de que el Ministerio Público, o cualquier otro organismo, les endose responsabilidades y de allí la importancia de que los profesionales de la salud denuncien la “grave situación que atraviesan” y dejen constancia de la problemática para evitar futuros problemas y que el trabajar “con las uñas” y cumplir su “titánica” labor no los termine por condenar.