El gobierno de México rechazó este martes 4 de noviembre la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas luego de que la embajada mexicana en ese país concediera asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo, procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022
“Rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así las consulares, porque nosotros estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, dijo el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, durante la conferencia de prensa presidencial.
Velasco explicó que el asilo se otorgó tras una evaluación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), conforme a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales vigentes.
“Se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a que ella ha mencionado que ha sido víctima de violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política”, dijo.
El funcionario recordó que México invocó la Convención de Caracas sobre Asilo Político, que establece que corresponde al Estado asilante “la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.
Además, citó una resolución de la ONU de 1967 que dispone que “el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso”.
Velasco aseveró que la medida “se apega a la larga tradición mexicana de asilo diplomático, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas y en apego estricto al derecho internacional”, y aseguró que México seguirá “defendiendo esa tradición humanista”.
Noble institución
Por su parte, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, enfatizó que el asilo es “una de las instituciones más nobles” de México y recordó los precedentes históricos del país en la materia.
“Toda persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas puede solicitar asilo político a México”, dijo, evocando los casos de los refugiados españoles durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, así como los asilados de las dictaduras del Cono Sur y figuras como José Martí, León Trotsky, Rigoberta Menchú y Evo Morales.
Citó, asimismo, al expresidente Cárdenas al recibir en 1939 a exiliados de la Guerra Civil Española. “No los recibimos como náufragos de la persecución dictatorial sino como exponentes de la causa imperecedera de las libertades del hombre”, dijo.
El director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, agregó que los casos de Betssy Chávez y Pedro Castillo “están totalmente conectados”.
Recordó que Castillo “fue electo democráticamente” en 2021 y víctima de acoso político, mediático y judicial durante su mandato, y que su destitución en diciembre de 2022 y los procesos judiciales posteriores “están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos”.
Monroy enfatizó que México “no interviene ni ha intervenido en los asuntos internos del Perú”, y sostuvo que su postura “es congruente” con una sólida historia de política exterior basada en el derecho de asilo y en el respeto a los pueblos.
“México no respondió de la misma forma. México no declaró persona non grata al embajador en Perú en 2022, como sí lo hiciera Perú con el embajador mexicano en ese tiempo”, apuntó y aseveró que se mantendrán las relaciones consulares por el “profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano”, zanjó.
Anuncio de Perú
El ministro peruano de Exteriores, Hugo De Zela, anunció en la noche del lunes 3 de noviembre que "el Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Exteriores, Hugo De Zela.
El canciller explicó que esta decisión se tomó "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".
De Zela sostuvo, en ese sentido, que el Gobierno peruano hoy ha "conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo" se encuentra en la embajada del país norteamericano.
"Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias", remarcó.
El ministro aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas "no significa" que se hayan "roto relaciones consulares" con México.
De Zela también dijo que ahora lo que "tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso" del eventual asilo para Chávez.
"El Gobierno ha tomado una decisión de inmediato, como corresponde a la defensa de los intereses de Perú", reiteró antes de descartar de plano que una ruptura de relaciones pueda llevar a una posible intervención en la sede de la embajada mexicana.
Tal acción sería similar a la que Ecuador protagonizó el año pasado para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas.
"Esa posibilidad no existe, Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de este tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional", indicó.
Betssy Chávez está siendo procesada por la Justicia de Perú por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.
Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó poco antes su excarcelación inmediata al determinar que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.
Tanto la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, exigieron en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.
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