La abogada Raquel Sánchez, representante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), denunció este miércoles 28 de octubre una serie de irregularidades internas en el procedimiento para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Entre las anomalías señaladas, advirtió el intento de validar de forma directa las postulaciones presentadas en un proceso anterior que fue anulado, así como restricciones al acceso de la totalidad de las carpetas de los aspirantes y la negativa a sistematizar digitalmente la información.
La también coordinadora de Foro Penal Táchira precisó en una entrevista concedida a Venevisión que desde la primera sesión de trabajo del comité se planteó la inclusión automática de expedientes de la convocatoria previa.
“Considero que son postulaciones que provienen de otro proceso que fue anulado y que fue anterior a la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto para mí no es el deber ser”, manifestó la jurista, quien confirmó que junto a otros dos integrantes del comité salvaron su voto en contra de esa medida antes de la apertura oficial del nuevo lapso de recepción.
La vocera de la sociedad civil alertó sobre la intención de limitar la revisión completa de los expedientes bajo el argumento de falta de tiempo para procesar más de 570 postulaciones. Frente a este criterio, sostuvo que un sector del comité exige la evaluación exhaustiva de cada caso.
“Algunos de los miembros del comité hemos manifestado que queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas, porque precisamente esa es nuestra función allí”, comentó.
De igual manera, denunció la negativa del bloque oficialista a implementar un mecanismo digital o un banco de datos en línea que facilite la consulta remota en tiempo real para todos los integrantes de la instancia de selección.
Explicó que la propuesta buscaba la recepción de anexos curriculares en formato PDF vía correo electrónico o plataforma institucional para garantizar la celeridad del proceso.
Según la abogada, los sectores que rechazaron la modernización del sistema justificaron la decisión bajo la premisa de la protección de datos personales. “No estamos eligiendo directivos de una empresa privada; estamos eligiendo servidores públicos y el pueblo necesita hacer la contraloría de esos servidores públicos que van a quedar en el Tribunal Supremo de Justicia”, rebatió.
Sánchez cuestionó las maniobras que buscan eludir las disposiciones de la recién modificada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Expresó su preocupación ante el irrespeto a los lapsos formales y a los procedimientos de nueva convocatoria que exige la legislación vigente.
“Hay algunas personas que quieren vulnerar ya la ley del Tribunal Supremo de Justicia cuando tenemos ni dos meses de haberla aprobado. Entonces, si vamos a seguir en esa tónica de estar violentando la ley que está y no hacerla cumplir, pues no estamos haciendo absolutamente nada”, concluyó la representante civil.
Preocupante. La abogada @Raquelysc, miembro de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, advierte que el chavismo pretende que los candidatos a magistrados del TSJ inscritos en el proceso de mayo (que fue anulado) repitan ahora, impidiendo que todos los miembros del comité revisen sus expedientes para verificar que cumplen con los requisitos.
Informó que ella y otros dos integrantes del comité salvaron su voto y se opusieron a esta irregularidad.
También denunció que el chavismo se negó a sistematizar/digitalizar el proceso y decidió hacerlo de forma manual, lo que retrasa el trabajo e impide a todos los miembros del comité acceder en tiempo real a la información de quienes se postulan.
Además, alertó que en el comité “hay algunas personas que ya quieren vulnerar la ley”.
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 28, 2026
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