A Wendy Ortiz le sorprendió enterarse de que las autoridades de inmigración de Estados Unidos le iban a imponer una multa por estar en el país sin documentos, pero fue la cantidad lo que realmente la conmocionó: 1,8 millones de dólares.
La mujer, de 32 años y quien gana 13 dólares por hora en su trabajo en una planta empacadora de carne en Pennsylvania, vive en Estados Unidos desde hace una década, tras huir de El Salvador para escapar de una expareja violenta y de las amenazas de las bandas, declaró en una entrevista y en los documentos de inmigración de su caso.
Su salario apenas cubre su alquiler y los gastos de su hijo con autismo de 6 años, quien es ciudadano estadounidense.
“No es justo”, relató Ortiz. “¿De dónde saca alguien tanto dinero?”.
En las últimas semanas, Donald Trump, presidente de EE. UU., comenzó a poner en marcha un plan para multar a los inmigrantes que no abandonen el país norteamericano tras recibir una orden de deportación definitiva, emitiendo avisos a 4.500 de ellos con sanciones por un total de más de 500 millones de dólares, precisó un alto funcionario del Gobierno del republicano, que solicitó hablar de manera anónima para compartir cifras internas.
La agencia Reuters habló con ocho abogados de inmigración de todo el país que señalaron que sus clientes habían sido multados desde varios miles de dólares hasta algo más de 1.8 millones.
Los destinatarios de las notificaciones fueron informados de que tenían 30 días para impugnar, por escrito, bajo juramento y con pruebas, por qué no debía imponerse la sanción.
Las elevadas multas forman parte de la campaña de Trump para que los inmigrantes que se encuentran sin documentos en Estados Unidos abandonen el país voluntariamente, o se “autodeporten”.
El plan de la Administración de Trump, del que la agencia Reuters informó por primera vez en abril, incluye la imposición de multas de 998 dólares al día a los inmigrantes que no abandonen Estados Unidos tras una orden de deportación.
La Administración tenía previsto imponer multas con carácter retroactivo durante un máximo de cinco años, según ya reportó Reuters. En ese marco, el máximo sería de 1,8 millones de dólares. El Gobierno consideraría entonces confiscar las propiedades de los inmigrantes que no pudieran pagar.
Sigue sin estar claro exactamente cómo la Administración Trump cobraría las multas y confiscaría las propiedades.
La complicada logística de las multas
Las multas examinadas por la agencia de noticias fueron emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pero se ha pedido a otra agencia, Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), que las tramite y gestione los posibles decomisos, según Reuters.
La CBP todavía está trabajando en la complicada logística para llevar a cabo las incautaciones, agregó un funcionario de la agencia, solicitando el anonimato.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a una solicitud de comentarios. La portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin, indicó en abril que los inmigrantes indocumentados deben “autodeportarse y abandonar el país ahora”.
Las multas provienen de una ley de 1996 que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump, y se dirigen a los aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes que han recibido una orden de deportación de un juez de inmigración.
La Administración de Trump retiró multas de cientos de miles de dólares contra nueve inmigrantes que buscaron refugio en iglesias en su primer mandato tras un desafío legal, pero procedió con sanciones menores. El gobierno de Biden retiró las sanciones en 2021.
Robert Scott, un abogado de inmigración con sede en Nueva York, precisó que se quedó desconcertado cuando una de sus clientes -una mujer mexicana de bajos ingresos que ha vivido en Estados Unidos por 25 años- también recibió una multa de 1.8 millones de dólares.
“Al principio ves algo así y piensas que es falso”, añadió. “Nunca he visto a un cliente recibir algo así”.
Scott indicó que la mujer recibió una orden final de deportación en 2013, pero no estaba al tanto de ello en ese momento. La clienta presentó una moción el año pasado para reabrir la orden de expulsión, que aún está pendiente, agregó el abogado.
“Ella no se ha estado escondiendo”, informó. “Me parece curioso que se metan con alguien así. No sé si es al azar, no sé si es que ella les resulta un blanco fácil. No lo sé”.
Trabajar horas extra para pagar la multa
Después de cruzar la frontera en 2015, Ortiz fue liberada para tramitar su solicitud de asilo ya que un oficial determinó que tenía un temor creíble de persecución, según los documentos. Pero ella aseguró que nunca recibió un aviso para asistir a la corte de inmigración y se ordenó su deportación después de no presentarse ante el tribunal en 2018.
La abogada de inmigración de Ortiz solicitó alivio humanitario al Gobierno de Estados Unidos el 8 de enero, al señalar que ella enfrentaba peligro en El Salvador y que su hijo no tendría acceso a servicios para niños con autismo. La petición pedía “discreción procesal” y que pedía que se reabriera y desestimara su caso.
Doce días después, Trump tomó posesión de su cargo y puso en marcha su amplia campaña antiinmigrante.
Rosina Stambaugh, abogada de Ortiz, precisó que ella había solicitado una prórroga de 30 días y que estaba considerando formas de apelar la multa en los tribunales.
“Ella es madre de un niño con autismo, no tiene antecedentes penales, y tienen toda la información de sus antecedentes”, añadió Stambaugh. “Me parece una absoluta locura”.
Los abogados indicaron que entre los clientes que recibieron los avisos también había cónyuges de ciudadanos estadounidenses, que estaban intentando activamente legalizar su situación migratoria.
Rosa, una ciudadana estadounidense en Nueva York, aseguró que su esposo hondureño fue multado con 5,000 dólares. Agregó que su marido no pudo salir del país después de que se le concediera la salida voluntaria en 2018 porque le diagnosticaron cáncer uterino. Ella espera que le condonen la multa una vez que explique la situación. Si no, dijo, tendrá que trabajar muchas horas extra para pagarla.
“Es una cosa tras otra”, indicó. “Todo este proceso nos ha costado mucho dinero”.
Fuente: Telemundo
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