El plan de deportación masiva anunciado por el nuevo presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, traerá mayores presiones para los migrantes en el país y podría tener efectos directos sobre las remesas, mientras que en el caso de los venezolanos podría ser una ficha clave en los procesos de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, según expertos consultados por Bloomberg Línea.
Luego del cuestionado resultado electoral en Venezuela que deja en el poder al líder oficialista y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el asunto migratorio cobra más relevancia.
En octubre, el Gobierno de EE. UU. comunicó que no permitirá que migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití renueven el denominado “parole humanitario”, lo que deja a más de medio millón de personas en riesgo de ser expulsados del país.
De acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, en inglés), unos 117.000 venezolanos han entrado al país norteamericano bajo este programa.
Esta decisión ya marca una postura diferente frente a la política migratoria estadounidense.
La elección de Trump supone un endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, con el anunciado plan de deportación masiva. De acuerdo a cifras del Centro Niskanen, un grupo de expertos estadounidense con sede en Washington, unos 545.200 migrantes venezolanos residen en Estados Unidos.
No obstante, según encuestadas citadas por los analistas del Centro Niskanen Gil Guerra y Cassandra Zimmer, más venezolanos están pensando salir del país luego del resultado de las elecciones del 28 de julio y el exilio del líder opositor Edmundo González Urrutia.
Previo a los comicios venezolanos, “hasta un tercio de los venezolanos considerarían migrar fuera de Venezuela si Nicolás Maduro permanece en el poder en enero”.
No obstante, ya en agosto una encuesta de la firma consultora venezolana Meganálisis indicó que el 43,2 % de los consultados en el país “está pensando en irse de Venezuela” y un 34,7 % estaba indeciso.
Ficha clave en la negociación
La académica Nastassja Rojas anticipó previo a las elecciones en EE. UU. que en un gobierno de Trump se podría evidenciar el endurecimiento de las normas migratorias y que los intentos de deportación de migrantes venezolanos cobren protagonismo.
En este escenario, Trump podría incluso buscar negociaciones con el gobierno de Maduro para facilitar estas deportaciones, ofreciendo concesiones comerciales o económicas a cambio.
A su juicio, el tema migratorio parece seguir siendo un punto de negociación, priorizándose como asunto estratégico en lugar de una cuestión de derechos humanos.
“Es sumamente preocupante porque la población migrante pasa a ser nuevamente como si fuese un bien de transacción, más allá de considerar temas de derechos humanos”, consideró.
Por su parte, el analista y especialista en asuntos venezolanos Roberto Pérez señala que en medio de un entorno geopolítico tan complicado, marcado por la guerra en Ucrania y Medio Oriente, “parece que el Gobierno de EE. UU. adoptaría una postura más pragmática hacia los gobiernos autoritarios de la región”.
“Esto podría incluir un apoyo indirecto al gobierno de Maduro mediante la concesión de licencias para la producción de petróleo, permitiendo así aumentar su producción. En este escenario, la política exterior de EE. UU. podría volverse más pragmática, con menos atención a los conflictos internos de la región, priorizando la estabilidad”, opinó.
Para poner en marcha su plan de deportaciones masivas, Trump ha dicho que apelaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos e incluso se ha referido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -utilizada para justificar el internamiento de no ciudadanos en la época de la Segunda Guerra Mundial- para llevar a cabo el plan, que probablemente se enfrentaría a impugnaciones judiciales.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, le otorgó al Gobierno poderes adicionales para regular a los no ciudadanos. Bajo esta ley, el presidente podía autorizar el arresto, reubicación o deportación de cualquier hombre mayor de 14 años originario de un país enemigo extranjero. También proporcionaba algunas protecciones legales para aquellos sujetos a la ley.
Impacto en las remesas
Según una nota de Bloomberg Economics, firmada por Chris Collins, deportar a los llegados después de 2020 contraería la economía de EE. UU. en torno a un 3 % para las próximas elecciones de 2028, mientras que la caída de la demanda de una población más pequeña haría bajar los precios.
Adriana Dupita, de Bloomberg Economics, dice en otra nota que las políticas de migración de Trump pueden tener un impacto directo en las remesas, siendo El Salvador y Honduras los mercados “más afectados”.
“Entre los mercados emergentes más grandes, México podría ver caer las remesas en un 0,6 % del PIB si la próxima Administración estadounidense asegura efectivamente su frontera, o en un 3,4 % del PIB si deporta a todos los inmigrantes no autorizados”, indica.
Se estima que en Latinoamérica y el Caribe las remesas representan en la actualidad un 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en algunas subregiones como Centroamérica esta contribución salta al 12,7 %, y en el Caribe al 9,4 %, mientras que en Sudamérica la dependencia es menor y apenas llega al 0,7 %, de acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fuente: Bloomberg
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noviembre 16, 2024
