Elias Jaua, ministro de Educación, denunció ante la fiscalía robo de alimentos en las escuelas que cuentan con el Programa de Alimentación Escolar
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, informó que investiga el desvío de computadoras que el Estado regala a estudiantes de primaria y que, según constató el Ministerio Público, son usadas para fines no educativos y a veces ilícitos.
"Verificamos que estos equipos son desviados de su función para ser utilizados en lugares de envite y azar, en actividades comerciales, tanto lícitas como ilícitas", afirmó Saab frente a periodistas y acompañado por Elías Jaua, el ministro de Educación.
El fiscal, designado en el cargo en agosto pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dijo que las averiguaciones comenzaron en noviembre pasado y hasta ahora lograron recuperar 912 canaimitas a través de varios procedimientos y detener a cuatro personas.
Detalló que el total de computadoras recuperadas provienen de una decena de estados del país y consideró que con estas acciones el Ministerio Público "marca una señal moral, ética y pedagógica para adecentar Venezuela".
El abogado indicó que los equipos fueron incautados en procedimientos realizados en todo el país y entre ellos las entidades con mayores índices de computadoras robadas son Lara, con 107; Portuguesa, con 98; Distrito Capital, con 92, y Carabobo, con 89, además de otros estados involucrados con buena cantidad de procesadores desviados como Táchira, Apure, Aragua, Falcón, Cojedes, Barinas, Zulia, Monagas, Mérida y Anzoátegui, Guárico y Trujillo.
La Fiscalía entregó el pasado viernes, tras dar a conocer las cifras, un lote de equipos incautados al Ministro para la Educación para que sean reincorporados al programa o utilizados como repuestos para otras computadoras.
Trabajos internos
El jurista explicó el desvío de las computadoras se realizaba a través de distintos procedimientos: por asignaciones simuladas, venta de equipos no asignados en el sistema que fueron robados de los depósitos, las Zonas Educativas que solicitan más computadoras de lo que se asignan a las escuelas y el sobrante lo vendían, acciones que fueron calificadas por el fiscal como “prácticas corruptas en instituciones públicas”.
Mientras que otras se comerciaron con los representantes de los niños que los recibieron en el ministerio o bien la utilización de los equipos por los representantes para “fines distintos” a la educación de su representado.
El Ministerio Público logró las detenciones de cuatro personas por estos casos que fueron presentados ante el Tribunal 29º. de Control del Área Metropolitana de Caracas y los delitos imputados son posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje, sancionados en el artículo 10 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos.
"No se va a permitir desde el Estado venezolano (...) que bienes de la nación que forman parte del uso de los derechos humanos del colectivo sean traficados de esta manera y menos desde la educación básica", remarcó el fiscal tras asegurar que continuarán investigando casos similares.
Hasta comida
“Hoy solicitamos una averiguación por el desvío de alimentos del Programa de Alimentación Escolar, rubros que son distribuidos a las escuelas y a los centros de acopio”, denunció Jaua.
El titular de Educación calificó como indigno e inmoral que existan personas que se atrevan a ejecutar crímenes contra los niños y los centros educativos, pues se trata de una violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en las leyes venezolanas. “Contra este delito vamos a actuar dentro de la Constitución y la ley, vamos a perseguirlos y vamos a castigarlos”.
Jaua subrayó que a pesar que todos los delitos son condenables, “hay delitos que atentan contra la dignidad de una Nación, especialmente aquellos bienes que son dedicados por el Estado a la formación de los niños, niñas y adolescentes”.
Instó a los maestros y demás trabajadores del sistema educativo nacional, a resguardar y dar el máximo cuido a los bienes dirigidos para el bienestar y formación de los niños, como son las Canaimas, los libros, los útiles, los morrales y los alimentos del PAE.
“Pido la colaboración a todos los organismos a que se dediquen a este caso, porque en todos estos casos, la Constitución, la Ley de Educación y la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que el derecho a la educación es un derecho superior a cualquier otro”, recalcó Jaua.
Saab aseguró que el sistema de justicia de la nación no va a permitir que bienes que forman parte del uso de los Derechos Humanos del colectivo sean traficados de esta manera y menos desde la educación básica, al tiempo que afirmó que las investigaciones continuarán también en torno a casos de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), denunciados por el ministro Jaua.