La aplicación de la ley propuesta por la Asamblea Nacional 2020 “expone a las organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, indicaron los expertos de la misión
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este lunes su preocupación por el proyecto de ley para regular las oenegés que aprobó la Asamblea Nacional (AN) 2020 el pasado 24 de enero, y que, según ellos, puede suponer “un cierre del espacio cívico y democrático”.
La ley del Gobierno “refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países y es otro ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla”, destacó la argentina Patricia Tappatá, experta de la misión.
Asimismo, en un comunicado de los expertos internacionales se detalló que “la regulación impondría a las oenegés, tanto existentes como en proceso de formación, a un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
La proyectada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las oenegés y otras entidades sin ánimo de lucro y su incumplimiento estaría sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución.
“Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, advirtió la misión, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019.
La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que estas organizaciones de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación.
El Gobierno tiene control absoluto
Según el organismo internacional, uno de los aspectos más preocupantes es la atribución que confiere al Ejecutivo, especialmente su nueva facultad de controlar, supervisar y sancionar aspectos de las oenegés que, bajo su criterio, “amenacen la seguridad nacional”.
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, indicaron los expertos de la misión.
El texto también recoge prohibiciones a actividades que podrían ser juzgadas con arbitrariedad, ya que habla de sancionar “actividades políticas” o aquellas que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.
El proyecto de ley, concluyen, se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico “a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas”.
“Refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países y es otro ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla”, destacó la argentina Patricia Tappatá, experta de la misión.
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