La Fiscalía venezolana informó el pasado jueves que solicitó nueve detenciones por un fraude de importaciones que se realizó con divisas otorgadas por el Estado y que generaron pérdidas de 14 millones de dólares a la nación
Este caso involucra “a cuatro empresas fantasmas”, Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones a periodistas, al señalar también que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados con el tráfico de drogas.
Indicó que solicitó la aprehensión de Gustavo La Chica, Humberto Pinzón García, Rafael Matos Gómez, Yaburi Gómez Pinto, María Elena Vallenilla, Jorge Echenagucia, William Rojas Godoy, Daniel Echenagucia y Daniel Salerno.
La Fiscalía imputa los delitos de “obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Además ha pedido el allanamiento de las propiedades de estos ciudadanos, el bloqueo e inmovilización de sus cuentas, así como “medidas de aseguramiento de bienes e inmuebles” que, dijo, “pasarán a la nación venezolana”.
Según explicó, las empresas de estas personas realizaron una “supuesta importación de fertilizantes que nunca llegaron y maquinaria agrícola entre los años 2011 y 2014” y cuyos productos tenían una sobrevaloración que supera el 1000 %.
“Resultaron ser fraudulentas todas sus presuntas y fantasmagóricas importaciones pues los productos realmente fueron deshechos y chatarras sin valor”, dijo Saab al tiempo que indicó que las empresas fueron supuestamente creadas “para el fraude importador”.
“Los accionistas de las cuatro empresas están todos relacionados entre sí y poseen (…) otras 22 empresas, bueno prepárense”, advirtió.
Además dijo que Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia se “han encargado desde el año 2014 de financiar un festival de música electrónica ‘Partai Margarita Weekend'”, donde se “comercializa droga”.
Debido a que las “importaciones fraudulentas” se realizaron entre 2011 y 2014, el fiscal acusó a tu antecesora, Luisa Ortega Díaz -exiliada en Colombia- de proteger a “delincuentes y traficantes de droga”.