La oposición criticó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró como constitucional la prórroga por 60 días del decreto de emergencia económica, una extensión que ya había sido negada ayer por Asamblea Nacional
La oposición criticó hoy y calificó de “agresión” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró como constitucional la prórroga por 60 días del decreto de emergencia económica, una extensión que ya había sido negada ayer por el Parlamento de mayoría opositora.
“Acaba de ocurrir una nueva agresión, una nueva ofensa del Gobierno al sentido común y a la aspiración democrática de la gente, ayer (…) el TSJ convalidó la extensión del llamado decreto de emergencia económica”, dijo el secretario ejecutivo de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
El vocero de la coalición dijo, durante su programa de radio “La Fuerza es la Unión”, que se transmite en la emisora privada RCR, que la decisión del Supremo “viola la Constitución” pues la Carta Magna establece “que ese decreto vale si, y solo si, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) lo aprueba”.
Además, acusó al Gobierno de utilizar al TSJ para “imponer” su posición y al Supremo de “alcahuetear” al oficialismo para violar la Constitución.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, señaló a través de su cuenta en Twitter que “el hampa judicial enguarimbada (que obstaculiza)” en la “sala (in) constitucional” nada puede asombrar.
“Sólo asombraría que alguna vez no violaran la CRBV (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”, agregó.
La diputada Delsa Solórzano dijo hoy a la emisora privada Unión Radio que aunque el TSJ tome estas decisiones, la oposición parlamentaria está “empeñada en cumplir con la ley”.
“Esa es nuestra función, nosotros no vamos a dejar de cumplir con nuestras funciones porque el TSJ se empeñe en cometer arbitrariedades e inconstitucionalidades de manera permanente”, apuntó la parlamentaria.
De acuerdo con la decisión, publicada en la página web del TSJ, el decreto presentado por Maduro en enero pasado, cuando también fue negado por la Asamblea Nacional y revalidado por el Supremo, “atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica”.
La Sala Constitucional reiteró en el fallo que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, es al Supremo a quien le corresponde “garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios fundamentales, en su condición de máxima y última intérprete de la Carta Magna”.
En enero pasado, cuando el Supremo validó el decreto que ya había sido negado por el parlamento, la bancada opositora calificó el hecho como un golpe al Legislativo y acusó al Poder Judicial de trabajar a favor del Gobierno.
diciembre 7, 2024
