Familiares y activistas de derechos humanos protestaron este martes 25 de noviembre frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas para exigir la liberación de las presas políticas que padecen condiciones diferenciadas de prisión y son víctimas de diversas violaciones a sus derechos, señalaron.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) entregó un documento al sistema de Naciones Unidas en la capital del país donde reclamaron que, en el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, se debe hablar sobre “la violencia estatal, política y carcelaria” de las que son víctimas decenas de venezolanas por “alzar la voz”.
“La cárcel se ha convertido en el castigo ejemplarizante para las mujeres que deciden ejercer ciudadanía plena. Proteger la libertad de estas mujeres es proteger el derecho de todas a participar en la vida pública en igualdad. Silenciarlas mediante la prisión es negar la esencia misma de la democracia”, afirmó la organización.
Clippve contabiliza 182 mujeres detenidas por razones políticas, entre ellas una adolescente y personas de tercera edad, 10 tienen doble nacionalidad, dos son extranjeras y al menos 24 están desaparecidas forzosamente, pues sus familiares o abogados desconocen su paradero.
“No son 182 personas, son 182 familias que, a su vez, tienen otras familias. Es una cadena de personas sufriendo toda esta situación de secuestro, maltrato, violación a todos nuestros derechos”, afirmó Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva.
Da Silva, de 40 años y condenada por la operación Gedeón, estuvo desaparecida desde el 6 de agosto hasta el 6 de septiembre. “En ese mes me volví loca: grité, lloré, insulté, hice de todo para recuperar a mi hija, porque es mi única hija. me siento huérfana de hija”, señaló Mirian Marrero.
Asimismo, dijo que algunas presas políticas son vistas y calificadas como “daños colaterales”.
“Pero ellos no se dan cuenta que esos daños colaterales destruyen vidas, y muchas vidas”, afirmó.
Yesica Morales, hermana de Ruth Morales, destacó que su familiar “no es una criminal, mi hermana es inocente. Mi hermana salió a protestar porque no fue respetado su derecho… Ella aspiraba un mejor futuro para sus hijas y para ella”.
Ruth Morales fue detenida el 6 de agosto de 2024 dentro de su casa en la localidad de Camaguán (estado Guárico) por participar en dos protestas poselectorales.
La mujer de 28 años estudiaba cuatro semestre de educación y es madre de dos niñas de 8 y 10 años, que no han podido verla desde que está bajo arresto.
Está acusada de incitación al odio, a la violencia y tráfico de combustible. En un año y tres meses que lleva detenida solo ha sido presentada una sola vez. “No le han hecho audiencias, no la han pasado a juicio”, denunció.
“Eso fue a finales de octubre del año pasado. A nosotros no nos dan exactitud, no hemos visto el expediente, no sabemos del defensor público que supuestamente es un abogado de Caracas”, complementó.
Actualmente Ruth Morales está recluida en un comando policial de Calabozo. Su familia puede visitarla y entregarle comida una vez por semana y su madre ha tenido que hacerse cargo de las niñas.
“Las mujeres que hoy en día son presas políticas no están solas”, aseveró Yesica Morales.
En el estado Barinas hay seis mujeres detenidas por razones políticas. Una de ellas es Anyarlis Sánchez, de 21 años, quien estudiaba derecho y suspendió sus estudios para trabajar.
Su madre Yusmely Terán denunció que fue detenida el 29 de julio de 2024 cuando salía de su trabajo en una empresa galletera. Estuvo recluida un año y cinco meses en el comando 331 de la Guardia Nacional de Barinas. Hace 15 días fue trasladada junto a las otras cinco mujeres al Internado Judicial de Barinas.
“Mi hija es inocente, no tiene nada que ver con política. Solo salía de su trabajo”, afirmó Terán.
A Sánchez le imputaron los delitos de terrorismo e incitación al odio. “La defensora pública dice que ha metido oficios, pero el tribunal no da respuestas. Los testigos declararon antes de los 45 días, ellos dijeron que mi hija solo iba pasando, pero no ha pasado más nada”.
Una situación similar atraviesa Tiffany Colmenares, otra de las detenidas el 29 de julio de 2024 en Barinas. Su madre Carmen Castillo destacó que fueron unos hombres encapuchados quienes se la llevaron de la urbanización donde residía.
La joven de 21 años fue acusada de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. Tiene un niño de tres años que no ha podido ver. También ha presentado problemas de salud como rinitis persistente, infecciones urinarias o problemas de circulación por las condiciones de reclusión.
«Mi hija tiene mucha depresión a causa de eso porque dejó a su hijo pequeño… Mi hija lo que me dice es que la ayude, que ya no quiere estar ahí. Me dice que quiere estar con su hijo, que ya no puede más, que se quiere hasta morir», dijo Sánchez.
Fuente: Tal Cual
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, activistas y familiares de mujeres presas políticas alzan la voz, desde la sede de ONU en Caracas, contra la violencia institucional expresada en tratos crueles, desapariciones forzadas y negación de… pic.twitter.com/ExHIy91xrG
— PROVEA (@_Provea) November 25, 2025
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