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El escándalo que se ha generado, no solo en el contexto interno del país, sino en el ámbito internacional, por la captura en Haití de los sobrinos del engendro heredero y de su esposa, es verdaderamente un golpe a la moral del régimen. Estos sobrinos, según la información que sale a la luz pública de manera formal e informal colocan al engendro, a su esposa y a la familia de esta última, como unos verdaderos delincuentes. Estos narcosobrinos, tenían tiempo bajo un seguimiento estricto de la DEA; no es fortuito su detención; indudablemente los narcosobrinos se confiaron en las prerrogativas que poseían: pasaporte diplomático, aviones militares, una tripulación de la FAN y un apoyo total en sus actividades ilícitas, por parte de quienes dirigen el régimen.
Estos jóvenes, conocen al detalle todos los pormenores en lo nacional y en lo internacional de las actividades de narcotráfico que ejercieron: conocen a los actores involucrados, los recursos utilizados y la vía más expedita para su comercialización. Además de todo esto, el régimen utiliza dinero de la república para pagar a los abogados defensores. William Ruperti, un vivaracho que le hace trabajo a PDVSA y de donde obtiene muchos contratos (sin licitación); se ha enriquecido con este régimen desde el “comandante eternamente enterrado” y ahora con el engendro, es el financista en la defensa de los narcosobrinos. Este personaje de marras dijo: “Lo hago porque soy persona solidaria y agradecida con el régimen; no quiero que se ataque a la revolución que tanto nos (me) ha dado”.
Por razones diversas; corrupción, lavado de dinero, persecución política, golpes de Estado, violación flagrante a la Constitución nacional, (nunca por narcotráfico), en el continente se han destituido y han renunciado presidentes: Reagan, Bucaram, Fujimori, De La Rúa, Gutiérrez, Zelaya, Lugo, Otto Pérez, Dilma Rousseff y otros. En ellas el papel protagónico lo ha tenido el Poder Legislativo. Este caso de los narcosobrinos, debe servir de base estratégica para obligar al engendro y a su régimen a renunciar; entendemos que ellos controlan el Poder Judicial; pero es la Asamblea Nacional y así está planteado en la Constitución nacional, cuando define en primer lugar al Poder Legislativo, por encima de los demás poderes, con la fortaleza institucional de adecentar al país y la fuerza para adelantar procedimientos institucionales para regular las acciones de los otros, incluyendo al Poder Ejecutivo (artículos 187, 200 y 233). Si eliminan, a través de actividades leguleyéricas a la Asamblea Nacional desde el TSJ, avizoro situaciones difíciles para la democracia.