La Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano informó este lunes que solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General “copias de los expedientes” del caso del concejal Fernando Albán, que falleció bajo custodia del servicio de inteligencia del Estado, que “se negó” a recibir la solicitud
La diputada, Delsa Solórzano, dijo en rueda de prensa que los miembros de esta comisión parlamentaria pidieron que se les permita “tener acceso a las investigaciones” tomando la palabra al fiscal general, Tarek Saab, quien dijo que las pruebas del caso se pueden auditar.
La legisladora aseguró que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) supuestamente “se negó” a recibir la comunicación que envió la comisión parlamentaria con la solicitud y adelantó que ella misma la llevará “personalmente”.
La Fiscalía informó el pasado 8 de octubre que Albán, quien fue concejal por el municipio Libertador de Caracas, considerado un bastión del chavismo, se quitó la vida al arrojarse desde el décimo piso de la sede del Sebin en el centro de Caracas.
Saab dijo entonces que Albán solicitó ir al baño “y estando allí se lanzó” al vacío a través de una ventana.
Ese mismo día, el ministro para el Interior, Néstor Reverol, señaló que el opositor atentó contra su vida cuando se encontraba en una sala de espera, mientras que el propio Saab dijo días después que Albán no se arrojó desde el baño, sino cuando solicitó acudir a esta habitación durante un almuerzo.
El fiscal general ha insistido que la “evidencia criminalística” de la investigación revelaba “la lamentable circunstancia del suicidio” y que el Estado demostró este hecho y aseguró que la autopsia es auditable, puesto que fue grabada.
Solórzano, quien también es vicepresidenta del comité de Derechos Humanos de Parlamentarios en la Unión Interparlamentaria Mundial, aseguró que en ese organismo están “enterados” y “preocupados” del caso de Albán.
“Las delegaciones del mundo (…) todo el mundo estaba enterado del caso de Albán, el mundo tiene muchas preguntas con relación al caso y el planeta sabe lo que está ocurriendo con los presos políticos en Venezuela”, dijo Solórzano.
Explicó además que tuvo una audiencia con representantes de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, donde “como delegada de la familia” que es “entregamos lo que nosotros hemos investigado acá”.
Aparentes inconsistencias en las declaraciones de autoridades venezolanas han llevado a la oposición a denunciar el “homicidio” del concejal y a exigir una investigación independiente sobre la muerte de Albán, que había sido detenido apenas tres días antes de su deceso cuando regresó al país desde Estados Unidos.