En
Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, dijo ayer que “no es posible” un cambio de tendencia en el escrutinio de votos de las elecciones, pero indicó que el órgano electoral esperará a que finalice el recuento de las papeletas para dar resultados oficiales.
Con el escrutinio a 94,6 por ciento el oficialista Lenín Moreno cuenta con 39,20 por ciento de los sufragios y el opositor Guillermo Lasso con 28,37 por ciento, lo que representa una tendencia que ha quedado establecida con claridad, indicó Pozo, quien declinó pronunciarse de forma expresa sobre si habrá segunda vuelta de las elecciones.
El responsable del CNE, en conferencia de prensa, resaltó que desde el primer informe ofrecido por ese órgano tras el cierre de las mesas de votación el domingo, se ha mantenido una tendencia estable en los resultados, pero insistió en esperar a que el escrutinio finalice para dar datos oficiales totales.
“Esperaremos al cierre del escrutinio en las 24 provincias para entregar resultados”, dijo Pozo ante las insistentes preguntas de los periodistas para que aclare si se celebrará la segunda vuelta.
En Ecuador, para ser elegido presidente en primera vuelta, es necesario tener más de 50 por ciento de los votos o, como mínimo, 40 por ciento y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales respecto del segundo candidato más votado.
Como datos que ilustran la estabilidad de la tendencia en los resultados, Pozo recordó que el domingo, al cierre de las votaciones, con el escrutinio al 51,8 por ciento, la candidatura de Lenín Moreno contaba con el 38,26 por ciento de los sufragios y el lunes, con el 90,6 por ciento de las papeletas contabilizadas, disponía del 39,08 por ciento porcentaje que se situaba ayer en el 39,20 por ciento con el 94,6 por ciento del escrutinio.
“No se le ha quitado ni se le ha puesto un voto a ningún candidato”, remarcó el presidente del órgano electoral, quien indicó que el escrutinio ha concluido en 18 de las 24 provincias del país y prosigue en las 6 restantes para examinar actas que presentan “inconsistencias” y deben tratarse en audiencias públicas en las juntas provinciales electorales.