Ante las supuestas pretensiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de destituir a la directiva de la Asamblea Nacional (AN), ayer el diputado Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, dijo que no acatarán ninguna sentencia que atente en contra de las leyes
Ante las supuestas pretensiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de destituir a la directiva de la Asamblea Nacional (AN), ayer el diputado Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, dijo que no acatarán ninguna sentencia que atente en contra de las leyes, y que ante todo, harán valer la decisión de un pueblo que eligió colocarlos en el Legislativo para defender sus derechos.
“A nosotros nos eligió el pueblo y solo el pueblo nos puede revocar. Y si el argumento es el desacato, escuchen mafia de la Sala Constitucional: En la AN no vamos a acatar ninguna decisión judicial que viole la Constitución porque nosotros estamos obligados por encima de cualquier cosa a cumplir con esta Constitución que esa mafia judicial viola sistemáticamente”, dijo el parlamentario durante su intervención en una marcha opositora celebrada ayer en Caracas.
Advirtió que desde el Poder Judicial tienen preparada otra sentencia para autorizar al CNE a manipular los lapsos y evitar así, cualquier proceso electivo en Venezuela. “Eso es para percudir la recolección de firmas y su constatación. Después, la elección de gobernadores. Hasta donde llegue la imaginación de la Sala inconstitucional y de las cuatro comadres del CNE”.
Con casa en Fuerte Tiuna
Ramos Allup denunció que Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, tiene una vivienda en Fuerte Tiuna y que el resto de los magistrados solicitan lo mismo al Ejecutivo, contrariando las leyes.
“¿En qué país del mundo el presidente del TSJ tienen el descaro de vivir en un fuerte militar? Están asustados porque saben los delitos y fechorías que han cometido. Saben que cuando revoquemos al zángano de Miraflores (Nicolás Maduro), todos los organismos del TSJ, del Ejecutivo, los ministros ladrones y quien sea, serán atrapados y se les aplicará el derecho”.
Alertó que desde la Guardia Nacional y la Policía Nacional ya le dijeron a las autoridades que no asumirán el costo de la represión popular, por lo que el Gobierno busca asesoría cubana para organizar colectivos violentos que apliquen el control.