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La Organización de Estados Americanos (OEA) estudiará la petición del Parlamento venezolano, controlado por la oposición, de frenar la salida del país de la organización, solicitada el 28 de abril por el gobierno de Nicolás Maduro.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, entregó ayer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, el documento aprobado el martes en la Cámara sobre la “nulidad” de la solicitud de retirada de la organización.
“Borges me entregó el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de la OEA, que estudiaremos”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter tras el encuentro, sin precisar más al respecto.
El argumento del Parlamento venezolano, según explicó Borges en una rueda de prensa, es que en su país “los pactos internacionales sobre derechos humanos” tienen “rango constitucional” y, por tanto, “no hay fórmula” para abandonarlos.
Según el diputado, Venezuela “no tiene ningún mecanismo” para retirarse de pactos “que de manera clara lleven a otorgar derechos humanos”, como la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948 que el pasado viernes denunció el gobierno de Maduro para solicitar su retirada de la organización.
“No hay manera y así está establecido en la Constitución”, aseguró el opositor.
Parar el reloj de los dos años
En su opinión, el documento que presentó “pararía el reloj de los dos años”, el plazo que tarda en hacerse efectiva la salida de un país de la OEA.
Pero admitió que “eso es una decisión que ahora, con las reglas de los propios convenios y la propia organización, queda sometida para que se frene” en la OEA.
Almagro no compareció ante la prensa tras su reunión con Borges y se limitó a escribir en su cuenta de Twitter que había conversado con él sobre la “situación actual de crisis en Venezuela”.
Después de recibir al parlamentario, informó también en la red social de que había mantenido “un diálogo” con el abogado constitucionalista Román José Duque, sin precisar más al respecto.
La salida de Venezuela de la OEA no será efectiva hasta dentro de dos años, por lo que hasta entonces el país sigue siendo un miembro pleno de la OEA con todos sus derechos y obligaciones, según explicó la semana pasada la Secretaría de Asuntos Jurídicos del organismo.
Entre esas obligaciones están el respeto a los derechos humanos, de manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá seguir atendiendo casos del país hasta que la salida sea efectiva.