sábado, julio 13, 2024

OEA pide a la CPI emitir órdenes de captura por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Desde la OEA también se recomienda al Estado venezolano que “deje inmediatamente de cometer más delitos y que cese las operaciones de encubrimiento en contra de víctimas”

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El Panel de Expertos Internacionales Independientes, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó este viernes 3 de mayo su tercer informe sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el que aseguran que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que no se rinden cuentas.

Por ello, exigen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) examine los delitos cometidos en el país para avanzar en investigaciones contra quienes ejecutan estos crímenes y que se emitan órdenes de captura.

Joanna Frivet, exasistente del Fiscal en la CPI y asesora de organizaciones internacionales de derechos humanos, afirmó que Venezuela no cumple con sus obligaciones en cuanto a la rendición de cuentas y consideró urgente “la intervención de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional” para que se judicialicen los delitos y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país.

“La recomendación del panel es que la Fiscalía de la Corte, de forma urgente, participe en formas profundas para examinar la naturaleza de estos delitos constantes y que abra investigaciones en contra de personas específicas y que haga avanzar estas causas ante la Corte para que haya órdenes de aprehensión”, sostuvo Frivet.

Desde la OEA también se recomienda al Estado venezolano que “deje inmediatamente de cometer más delitos y que cese las operaciones de encubrimiento en contra de víctimas, de defensores de derechos humanos y de sus familiares”.

El informe presentado por la OEA contiene datos e información que indican que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad por lo menos desde el 2014 como homicidios, tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual, encarcelamientos, entre otros, y se determinó que no ha habido investigaciones y que los autores de estos crímenes “todavía están en el mismo lugar y con la posibilidad se seguir realizando actos delictivos”.

La exasistente del fiscal en CPI explicó que la situación en Venezuela “se trata de una serie de conductas más amplias que no solo tienen que ver con la comisión de delitos, sino con la represión”, lo que dice hace muy difícil a actores de la sociedad, defensores de derechos humanos e integrantes de los organizaciones políticas “presentar una postura distinta a la que plantea el Estado”.

Los expertos de la Organización de Estados Americanos también denunciaron que en el país existen “demoras considerables que no pueden explicarse” para conseguir justicia y afirmaron que esto está íntimamente relacionado con un problema del Estado y la falta de separación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Desde la OEA también condenaron que los autores de muchos de los crímenes de lesa humidad vinculados al Estado no hayan sido detenidos, pese a estar identificados y tampoco responsabilizan a quienes dan las órdenes para cometer estos delitos.

Joanna Frivet afirmó que aunque las víctimas denuncien ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, las autoridades “hacen caso omiso”.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, indicó: “Es un momento de alta represión en Venezuela, donde se siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura, donde siguen las denuncias, donde cada uno de los actos de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país”.

Almagro dijo que el país necesita democracia y, fundamentalmente, memoria, verdad, justicia y “detener los crímenes”.

Testimonios de algunas víctimas

Ante la Organización de Estados Americanos siete venezolanos, víctimas de crímenes de lesa humanidad, expusieron sus casos. La primera en contar su situación fue Olga González, esposa de Leonardo González, quien fue asesinado el 27 de julio de 2017 en el marco de las protestas antigubernamentales de ese año.

La mujer contó que Leonardo era un venezolano que “quería un país diferente, donde se respetaran las leyes y donde hubiese verdadera democracia”. Recordó que trabajaba en un supermercado y que fue asesinado por funcionarios de Policarabobo, tras disparar 21 veces contra su vehículo. Uno de esos disparos entró en su espalda. Hasta la fecha no ha habido justicia en este caso.

Jesús Alemán, víctima de tortura, fue otro que denunció su caso. Estuvo dos veces preso (2014 y 2018) en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Dice que fue apresado por órdenes de Wílmar Castro Soteldo, actual ministro de Agricultura, solo por “luchar por la libertad de su país y pedir fecha de las elecciones parlamentarias (de ese entonces)”.

Contó que recibió golpes con bates, torturas psicológicas, descargas eléctricas. “Me acusaron de ser activista político y de delitos que no cometí”, afirmó Alemán con la voz entrecortada y añadió que se enfermó hasta que ver cómo caían pedazos de la carne de sus dedos de los pies y recordó que nunca se le ofreció asistencia médica.

Nixon Leal también fue preso político en más de cinco oportunidades y víctima de tortura. Fue acusado de terrorismo y de ser traidor a la patria. Recibió golpes, fue ahorcado, ahogado con gases lacrimógenos y contó que los torturadores le decían que ahí no valían los derechos humanos”.

“Quise suicidarme”, afirmó Leal. Tras salir de la cárcel decidió huir del país, pero no solo él recibió amenazas, sino que su familia también fue advertida y se encuentran en el exterior en la clandestinidad. Nixon está en Estados Unidos bajo la condición de refugiado político esperando que se haga justicia.

El capitán de navío Luis de la Sota es un expreso político y víctima de torturas. Estuvo detenido por poco más de cinco años en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por denunciar corrupción dentro de la Fuerza Armada Nacional.

De la Sota denunció persecución, detención arbitraria, desaparición forzada temporal, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se le negó el acceso a alimentos, el aseo personal y el acceso a medicamentos. “Tuve que comer con las manos llenas de excremento”.

“Tengo conocimiento que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se formó en Cuba para operaciones psicológicas”, aseveró Luis de la Sota ante el panel de expertos de la OEA.

Fuente: Tal Cual

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