En Gaceta número 40.816 que publica este lunes se oficializó el nombramiento de los 13 magistrados y 21 suplentes escogidos y juramentados el pasado 23 de diciembre por la saliente Asamblea Nacional (AN). Los nuevos representantes de la Justicia ejercerán funciones por 12 años
En Gaceta número 40.816 que publica este lunes se oficializó el nombramiento de los 13 magistrados y 21 suplentes escogidos y juramentados el pasado 23 de diciembre por la saliente Asamblea Nacional (AN).
La escogencia de los magistrados se realizó en una cuarta sesión del Parlamento con la mayoría simple de la bancada oficialista.
Los nuevos representantes de la Justicia ejercerán funciones por un período de 12 años.
Por la Sala Constitucional fueron nombrados Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez como magistrados principales, y como suplentes Federico Fuenmayor, Celeste Liendo, Juan Carlos Váldez y René Degraves.
En la lista para la Sala Penal como magistrados principales están Juan Luis Ibarra y Yanina Karabín, para suplentes fueron propuestos Juan Carlos Cuencas, Jacqueline Sosa y Maigleé Sosa.
Por la Sala Político-Administrativo se encuentran Marcos Medina y Eulalia Guerrero como juristas principales, y sus suplentes son José Requena, Emilio Ramos, César Sanguinetti, Ismelda Rincón y Suyin Olivares.
En la Sala Civil se encuentran como principales Vilma Fernández, Francisco Velásquez e Iván Bastardo, como suplentes José Ángel Armas, Aurelis Mora y Ana Endrina Gómez.
Por la Sala Social se encuentra como principal Alfonso Jesús Jiménez, como suplentes Sonia Arias y Betty Luna.
En la Sala Electoral como magistrados principales están Fanny Márquez y Cristian Zerpa, los suplentes son Leixa Colins, Drycel López, Carmen Alves y Mary Ramos.
El Comité de Postulaciones del Poder Judicial recibió hasta octubre pasado las postulaciones de 400 candidatos, que fueron enviadas al Poder Moral para realizar una selección que quedó en 379 juristas que cumplían con la normativa para aspirar a los cargos de magistrados.
Los aspirantes a magistrados deben ser venezolanos por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser juristas de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica, según lo establecido con los artículos 37 y 70 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.