El alcalde Omar Prieto ejecuta la política de control de la distribución de alimentos con apoyo de los consejos comunales. Miró a Mercasur que el año pasado había sido señalada por un grupo de bodegueros comunales afines al PSUV
Se repiten señalamientos que motivaron la expropiación de 2009. Pese a que la junta directiva tiene funcionarios de la Alcaldía de San Francisco, se ajustaron las tasas y tributos por órdenes municipales y existe coordinación en la gestión, el ayuntamiento cargó contra el Mercador Mayoristas del Sur, antes Mercamara. El alcalde Omar Prieto pidió que “se abra una investigación en Mercasur”, asegurando “yo no administro eso”.
En el marco del decreto 199 contra las colas, especulación, “bachaqueo”, y que faculta a la municipalidad intervenir en la política de distribución de alimentos y bienes esenciales, el burgomaestre acusó responsabilidades al mercado, mismo centro de expendio que en abril de 2009 dijo pasaría a manos de Mercal y PDVAL y estaría bajo la gestión local.
Prieto colgó en la red social Twitter, la petición pública de que “se realice una intervención en Mercamara por las denuncias recibidas”. El alcalde no mencionó a qué se refieren las acusaciones que como contralor y administrador de la jurisdicción debió informar a los accionistas todavía nominales ante la espera de la sentencia definitiva del Tribunal Político Administrativo.
La Alcaldía de San Francisco se apropió del mercado, siendo accionistas la Alcaldía de Maracaibo, Gobernación del Zulia y Corpozulia. Desde 1992 funciona como empresa de carácter privado según Registro Mercantil Primero del Zulia anotado en el N.° 17, tomo 15-A. Hace siete años, tras la asunción de Prieto al poder municipal, se decretó la expropiación por causa de utilidad pública.
En 2010, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, según expediente 12.976 declinó ser competente para afincar la expropiación o nulidad. Si precisó que “el conflicto de autoridades forma parte de los recursos especiales que se pueden intentar por razones de su inconstitucionalidad e ilegalidad para la resolución de situaciones que amenacen la normalidad institucional de un municipio (crisis institucional o conflicto de autoridades)”.
“En consecuencia, al estar planteada la existencia de un conflicto de autoridades entre la Gobernación del estado Zulia y el Alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia, considera este Tribunal que la competencia para conocer del presente caso corresponde a la Sala Político-Administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 266, numeral 4, del Texto Constitucional 5, numeral 34, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.
El alcalde Prieto ejecuta la política de control de la distribución de alimentos con apoyo de los consejos comunales. Miró a Mercasur que el año pasado había sido señalada por un grupo de bodegueros comunales afines al PSUV. El funcionario invocó a los alcaldes y gobernantes a responderle al pueblo. Apuntó que “alcaldes que no asumen su responsabilidad. No sean irresponsables”.