Ayer en horas de la tarde, la gerencia del supermercado cerrado por tres meses, según disposiciones del decreto 199 ordenado por el alcalde Omar Prieto, anunció la reactivación de las actividades desde hoy
“Cómo va hacer el alcalde (Omar Prieto) cuando no haya mercancía en San Francisco porque los supermercados se van del municipio o no los dejan vender los productos”, cuestionó un grupo de jóvenes dirigentes de Avanzada Progresista que alertó las consecuencias por acciones “arbitrarias” contra las cadenas que abastecen a sectores populares sureños. Pidieron crear mesas de trabajo ante la “crisis sobre crisis” que se generará.
“Qué pasará (en) los días posteriores cuando los pedidos de los mercados se reordenen y los productos regulados no lleguen al sur”, recalcó Ramón Medina, coordinador regional juvenil del partido, en visita a La Verdad. El dirigente acusó que existen irregularidades. Inició destacando que el artículo 11 del decreto 199 publicado por la Alcaldía de San Francisco sanciona a las personas que hagan colas, disposición que “atenta contra el derecho” de los ciudadanos a adquirir alimentos.
El alcalde pasa por encima de las familias que buscan abastecerse y se adjudica la competencia única de vender la comida a precios regulados, aunque no tan cierto así es el proceder. Medina señaló que el jueves pasado la Alcaldía, con participación de los consejos comunales, vendió el pollo decomisado a una tienda privada ubicada en La Coromoto, en la avenida 40. El precio, según providencia administrativa 37 de la SUNDDE, está en 65 bolívares, y “lo vendieron a 120 el kilo. Cifras reales que los ciudadanos pagaron”.
Medina destacó que el cierre por tres meses a un establecimiento es una medida “ruda” que afecta a los hogares de los alrededores. Polar, Callao, 24 de Julio, Coromoto, Barrio Universidad, Ciudad del Sol y “gran parte del sur de San Francisco y La Cañada de Urdaneta perderán la oportunidad de comprar si no están en la lista de los consejos comunales”.
Reculan en cierre
Ayer en horas de la tarde, la gerencia del supermercado cerrado por tres meses, según disposiciones del decreto 199 ordenado por el alcalde Omar Prieto, anunció la reactivación de las actividades desde hoy. La tienda de la cadena privada recibió una sanción por -supuesto- “boicot” en la distribución de los productos regulados. La experta en DDHH, Flor Ávila, dijo a La Verdad que el cierre de un supermercado viola el derecho a la alimentación y calificó la medida de “abuso” de poder al limitar el acceso de bienes en tiempos de crisis.