La Misión de determinación de hechos asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU iniciará en Venezuela el próximo año, durante el mes de enero la investigación de los cuerpos policiales de las Faes y CICPC
Marino Alvarado, miembro de Provea, informó que son “cuatro grados de delitos de lesa humanidad que se investigarán. Ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias”, detalló que en Lara se debe hacer énfasis durante esa fase de investigación.
“Deben investigar las ejecuciones de las Faes, pero también las que realiza el CICPC porque se observa cómo compiten para ver quién genera más muertos”, precisó Alvarado.
Para Alvarado, el estado Lara debe estar entre la lista de los estados que se investigarán casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, pues a su juicio es un estado en donde las Faes actúan con mayor letalidad contra “sus víctimas”, además de “matarlos” humillan a sus familiares.
“Las Fases son una máquina del terror para los sectores populares”, aseguró a la prensa el defensor de los derechos humanos.
Asimismo se recordó el reciente informe publicado por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde instó a Nicolás Maduro a disolver el grupo de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Sin embargo, Alvarado aseguró que Maduro les dio más fuerza.
El también abogado detalló que hasta el tercer trimestre del año este cuerpo policial registró alrededor de 164 muertes solo en Lara. Sin contar otros estados en los cuales también cometen delitos continuos.
De la misma manera, las Faes en el estado Zulia es aborrecida por familiares que en distintos casos denuncian ante la Fiscalía los abusos cometidos, en donde aseguran que el pariente asesinado es inocente y el grupo policial lo involucra con algún delito para cometer su muerte.
Pidió a la misión de la ONU que deben investigar desde el Gobierno regional hasta la cadena de mando, para que “cuando se tenga que hacer justicia todos estén sentados en la silla de los acusados”.
Por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó que una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigue presuntos delitos contra las garantías fundamentales de los venezolanos ocurridos en el país durante los últimos años.
En un comunicado a través de la Cancillería de la República, el Gobierno nacional rechazó la conformación de la misión, que pretende investigar las violaciones contra los derechos humanos. La misiva señala que pretende injerir en la soberanía del territorio venezolano.