ONU ve “preocupante” el proceso de antejuicio a la Fiscal

La ONU calificó hoy de “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta a la misma de salir del país y la congelación de sus activos, al igual que la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González

Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el proceso de enjuiciamiento a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, es observado como una situación preocupante, ante las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) según expresó el portavoz: “La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibirla salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en el país.

“También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘número dos’ temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, afirmó.

Igualmente denunció la ONU la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la Fiscal General hasta ahora al defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.

“Desde marzo, la Fiscal General ha tomado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas”, recalcó Colville.

Funciones de la Fiscalía otorgadas a la Defensoría del Pueblo

La ONU señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “parecen vaciar” la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y “socavar la independencia” de la fiscal.

“El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, subrayó el portavoz.

Colville recalcó que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor “sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”.