El Gobierno revolucionario, ha puesto en marcha la Operación Liberación para actuar de forma responsable y contundente contra bandas armadas por el paramilitarismo
El abordaje responsable del grave problema de la inseguridad ha llevado al Gobierno revolucionario a trabajar de manera sistemática en dos frentes. Uno de ellos con resultados a mediano y largo plazo que se refiere a la lucha contra la pobreza, como mecanismo de inclusión social que garantice a la mayor cantidad de ciudadanos; la posibilidad de desarrollar una vida digna, satisfactoria y plena. Para ello la política revolucionaria que ideó el comandante Chávez, profundizada ahora por el presidente Maduro, ha permitido a través de las misiones sociales, saldar progresivamente la gigantesca deuda acumulada con nuestro pueblo, durante años del saqueo oligarca de la IV República.
Todo este programa de desarrollo social ha venido acompañado de la construcción de un nuevo marco jurídico que garantice, más allá de los programas y Gobierno de turno, que el ser humano sea el centro de la sociedad y no el “sector privado”, el “capital” o los “privilegiados” de siempre. He allí la trascendencia del proyecto bolivariano, el rango jurídico de los cambios que perfila una nueva forma de comprender y hacer la sociedad.
Pero junto a esta política acertada, el Gobierno se ve en la necesidad de atender la criminalidad. La ola de violencia toma en ocasiones matices abominables y su accionar responde no solo a intereses de bandas delictivas o beneficios económicos, sino que lamentablemente posee también intereses políticos. El aumento de la violencia criminal es un problema que no se puede obviar, porque hacerlo sería dejar a nuestro pueblo desamparado. Por ello el Gobierno revolucionario, ha puesto en marcha la Operación Liberación para actuar de forma responsable y contundente contra bandas armadas por el paramilitarismo, que además de agobiar al ciudadano buscan desestabilizar el poder político.
De inmediato la derecha cómplice de la violencia intenta difundir la idea de que el Gobierno legítimo del presidente Maduro busca “intimidar” al pueblo y “violar sus derechos humanos”, cuando precisamente ha sido este Gobierno el que le dio estatus jurídico y reconocimiento en el día a día. Las nuevas acciones vienen a complementar la política social revolucionaria atacando un problema latente. Todo el pueblo organizado debe comprometerse e integrarse a esta nueva ofensiva, solo así podremos obtener resultados favorables. Por su parte el oposicionismo continuará descalificándolo todo, incluso aquellas cosas que redundan en el bienestar colectivo como lo es mayor seguridad.