Los seis opositores que en marzo pasado se refugiaron en la residencia de la Embajada argentina, luego de que la Fiscalía los acusase de conspiración y otros delitos, cumplieron este domingo siete meses encerrados, sin señales que apunten a un cambio en su situación, al menos en el corto plazo.
Los asilados son Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, todos miembros del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, el exdiputado Omar González y Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Al respecto, VV reiteró que estas personas “son perseguidas por ejercer derechos políticos y trabajar por unas elecciones libres”, en alusión a las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la controvertida victoria de Nicolás Maduro, no reconocida por numerosos países.
A través de la red social X (antes Twitter), la organización política recordó que los seis venezolanos formaron parte del comando de campaña de Edmundo González Urrutia para las presidenciales, una carrera que terminó con el candidato exiliado en España tras denunciar fraude y cerca de 160 políticos presos, según los cálculos de la oposición.
En varias ocasiones, la oposición ha pedido que “cese la persecución” contra los opositores que se encuentran en la sede diplomática argentina, especialmente después de que Venezuela revocase en septiembre la autorización que había otorgado a Brasil para representar los intereses de Argentina en Caracas.
Como el gobierno de Maduro expulsó a la misión diplomática argentina, tras los cuestionamientos al resultado electoral, Brasil acordó custodiar los locales del país austral en territorio venezolano, un pacto que Caracas suspendió por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de dichos locales, por parte de los opositores asilados.
El Gobierno argentino dijo que está “avanzando” para que los seis opositores “no tengan absolutamente ningún inconveniente”, pese a las circunstancias actuales.
La oenegé Justicia Encuentro y Perdón informó sobre la imputación de los tres políticos, a quienes, como ha sido usual por parte de la justicia venezolana, les impiden la designación de abogados de confianza.
De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela hay 1.936 presos políticos, la mayoría de ellos después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Entre ellos se encuentran 68 adolescentes, entre 14 y 17 años de edad, que son considerados niños por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
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octubre 15, 2024
