La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, calificó de “histórica”, la decisión tomada por la Corte Penal Internacional. El anuncio de la Fiscal Fatou Bensouda de que estudiará las denuncias que ha recibido sobre los crímenes de lesa humanidad realizados por las autoridades durante la represión de las protestas en el 2017 es un hecho sin precedentes, indicó Ortega Díaz
La fiscal general que fue sacada de su cargo en Venezuela, Luisa Ortega Díaz, calificó de “histórica” y “sin precedentes”, la decisión tomada por la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, donde se analizarán las denuncias, que en los últimos meses, ha recibido sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades durante la represión de las protestas que sacudieron al país entre abril y julio de 2017.
“Esto es un hecho histórico, sin precedentes. Jamás la Corte Penal había puesto su atención sobre Venezuela”, afirmó la funcionaria desde la ciudad de Bogotá, donde reside desde que en agosto del pasado año, fuera destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente.
Ratificó que seguirán trabajando, ya que consideran que no sólo se deben investigar los acontecimientos ocurridos a partir de abril de 2017, sino también los anteriores, los ajusticiamientos. “Más de 8 mil venezolanos fueron ajusticiados desde 2013. La Corte también debe analizar los juicios militares, los casos de los cientos de detenidos arbitrariamente y que fueron incomunicados o han sufrido otro tipo de torturas” aseveró.
Luisa Ortega se mostró convencida en la entrevista ofrecida al Diario Las Américas, de que la decisión tomada por Bensouda, fue fruto de la denuncia que se interfirió el noviembre pasado con el presidente de la república, Nicolás Maduro, los ministros de la Defensa e Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres, respectivamente; y contra el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides. “¿Quién más ha denunciado en La Haya y lo ha hecho con pruebas? Nosotros llevamos 1.690 evidencias”, remató.
La opinión de Ortega Díaz fue compartida por el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui; y el catedrático universitario de Derecho Penal, Fernando Fernández.
“Este es un paso positivo por el mensaje que se emite: En Venezuela hay una situación grave que pudiera ameritar iniciar un procedimiento ante la Corte”, afirmó Uzcátegui, mientras que Fernández añadió: “Esto es lo que tiene que hacer un Fiscal cuando recibe una denuncia o tiene conocimiento de un presunto delito: Determinar si la información tiene sustento”.
¿Y ahora qué?
El paso dado por Bensouda no presume que el presidente Nicolás Maduro ni ningún otro funcionario venezolano estén siendo investigados. Así lo aclaró Ortega en su comunicado, en el cual indicó: “Este es un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”. Empero la misma no tiene precedentes en el caso venezolano.
Desde julio de 2002 el país quedó sometido a la jurisdicción de la Corte de La Haya. Esta instancia ha recibido por lo menos seis denuncias contra el fallecido expresidente, Hugo Chávez, y su sucesor, aunque ninguna de estas se tomó en consideración. La primera fue
La primera fue insertada por, los actuales directores del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, dado los sucesos del 11 de abril de 2002 y posteriormente fue ampliada debido a los actos de persecución política sufrida por quienes participaron en el paro petrolero del mismo año, incluso por aquellos que firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial celebrado en agosto de 2004.
Anteriormente de que Luisa Ortega Díaz acudiera a la instancia, un grupo de senadores colombianos y chilenos, expusieron un señalamiento militar y la Organización de Estados Americanos (OEA) llevo a cabo una serie de sesiones para determinar si en Venezuela se habían realizado alguno de los delitos establecidos en el Estatuto de Roma.
diciembre 7, 2024
