Asamblea Nacional exige la responsabilidad política tres veces en el mismo período del vicepresidente, con la intención de destituirlo de su cargo y sin justificación alguna; el Poder Ejecutivo puede dictar la disolución del Parlamento
La fiscal general Luisa Ortega Díaz explicó ayer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede disolver a la Asamblea Nacional, porque no es su competencia.
“La Constitución también establece las causales de la disolución de la Asamblea Aacional. La única causa remite al artículo 240. Cuando el Parlamento solicita moción de censura en tres ocasiones al vicepresidente de la República”, detalló durante una entrevista en Venevisión.
Es decir, cuando la Asamblea Nacional exige la responsabilidad política tres veces en el mismo período del vicepresidente, con la intención de destituirlo de su cargo y sin justificación alguna; el Poder Ejecutivo puede dictar la disolución del Parlamento.
Asimismo, Ortega Díaz aclaró que en Venezuela tampoco se puede aplicar un juicio político al Presidente ni siquiera existe la figura de moción de censura contra el Ejecutivo.
“El único organismo que puede solicitar una investigación al Presidente es el Ministerio Público y no lo puede hacer cualquier fiscal, solo el fiscal general. El juicio debe presentarse ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí el Tribunal solicita autorización de la Asamblea Nacional, pero no puede intervenir antes”.
Presentan a Vílchez en tribunales
La fiscal informó que 97 personas fueron aprehendidas, tras las manifestaciones ocurridas el pasado miércoles 26 de octubre en el país. Precisó que de los 97 detenidos, siete son funcionarios policiales, presuntamente incursos en delitos que contravienen los derechos fundamentales. Mientras que el jefe de la Policía del municipio San Francisco, Danilo Vílchez, será presentado en las próximas horas ante un tribunal de control del Zulia, tras incurrir presuntamente en homicidio frustrado durante las protestas. Exhortó a los efectivos policiales que no concurran a las manifestaciones con armas de fuego ni con sustancias que puedan causar daño. “Deben preservar y proteger la vida de las personas”.
diciembre 7, 2024
