
Desde
Su primer pronunciamiento contra la “ruptura del hilo constitucional” en Venezuela, sorprendió a más de uno. Una de las leales a Hugo Chávez se volteó el 31 de marzo en contra de las sentencias 155 y 156 a través de las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitó competencias al Parlamento. Ella lo consideró su “deber histórico ineludible por el desconocimiento del modelo de Estado”.
Desde ese día, Luisa Ortega Díaz, en ese entonces fiscal general de la República, no cesa en sus denuncias contra la gestión del presidente Nicolás Maduro. Advierte que en Venezuela hay una violación de los derechos humanos y que la constituyente solo “traería un sistema totalitario”.
El 5 de agosto, la primera acción de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue destituirla del cargo. Una orden de aprehensión contra ella y su esposo Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, la hizo huir del país. No fue sino hasta el pasado miércoles cuando “avivó el hervidero” en una reunión de fiscales del Mercosur, en Brasil, en la que aseguró que tiene pruebas de corrupción contra el presidente Nicolás Maduro, contra el constituyente Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador y demás figuras del Gobierno.
“La presunta implicación de Maduro en Obedrecht no es nueva. Ortega lo que hace es recoger esa denuncia y las lleva o las mantiene en el ámbito internacional. Esto ha sido lo más grave para el Gobierno porque no solo empeora su imagen, sino que con la persecución contra ella, confirma que ciertamente hay presos políticos en el país. Ciertamente, por sus denuncias, ya sean falsas o ciertas, la exfiscal es una piedra en el zapato del Gobierno”, declaró a La Verdad, Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tarek William Saab, fiscal general designado en sustitución de Ortega, instó a rechazar la campaña internacional de la exfuncionaria contra Venezuela. Doce países de América Latina respaldan a la fiscal. Colombia, Brasil y Chile le ofrecieron asilo político.
El aislamiento del Ejecutivo nacional es cada vez más evidente, según Alcalay, quien afirma que “una de las mayores torpezas del Gobierno bolivariano es el atropello contra Ortega Díaz, pero en vez de abstenerse, Ortega reivindica su derecho como responsable del Ministerio Público (MP)”.
Gabriel Reyes, analista, destaca que no hay que desconsiderar que los señalamientos de la fiscal destituida tienen su efecto político contra el oficialismo. “La corrupción es vista como un crimen de lesa humanidad, y ya sea verdad o mentira lo que dice del Gobierno, eso es lo que ella ventila al mundo”.
Ricardo Sucre, politólogo, indicó que si demuestra sus pruebas, sería una “amenaza”, de lo contrario, se convertiría en una “fortaleza” para Maduro. “Le dirían que no tiene nada y que más bien la que está en corrupción es ella”.