La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, acusada de traición por el chavismo, llegó esta madrugada a Brasilia para participar en una reunión de fiscales de Mercosur promovida por la Fiscalía brasileña
Luisa Ortega Díaz, exfiscal de la República, este miércoles 23 de agosto en horas de la mañana arribó a Brasilia para participar en una reunión de fiscales de Mercosur, que fue promovida por la Fiscalía de Brasil.
La interferencia del Gobierno venezolano convirtió al Ministerio Público de ese país en una institución “subyugada a un verdadero poder político dictatorial”, afirmó hoy el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales del Mercosur en Brasilia.
“Estamos siendo testigos de una violación institucional en el Ministerio Público venezolano”, afirmó Janot en una ceremonia en que participó como invitada especial la exfiscal venezolana Luisa Ortega, acusada de traición por el chavismo y que huyó de su país la semana pasada.
Ortega Díaz durante la cumbre de fiscales de Mercosur que se llevó a cabo en Brasil, indicó que posee pruebas del caso Odebrecht en Venezuela, que está dispuesta a entregar los documentos a la comunidad internacional para la investigación.
La fiscal destituida por la ANC, señaló en la intervención: “Llamo para que se haga la apertura de un canal humanitario y llamo a mis compatriotas venezolanos a no perder la esperanza de justicia, de respeto, tolerancia, igualdad y el derecho a la libertad”.
Luisa Ortega Díaz denunció que ha recibido amenazas que atentan contra su vida y hace responsable al Gobierno venezolano, en caso de que llegase a concretarse alguna de las amenazas.
También afirmó que tiene una oferta de asilo político por parte del Gobierno colombiano y regresará a Colombia para continuar con las denuncias.
Fuentes oficiales brasileñas señalaron a Efe que el país estaría dispuesto a acoger a Ortega y a su esposo, el diputado Germán Ferrer, si solicitaran asilo.
Ortega fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que la acusa de haber cometido “actos inmorales”.