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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) expresó su rechazo a las agresiones que sufriera el activista Marino Alvarado junto a su hijo el pasado jueves en su residencia en Caracas.
En un comunicado exigieron a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para aclarar el incidente y exigieron la condena a cualquier tipo de violaciones o amenazas.
En el mismo texto agradecieron las gestiones del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que instan a los entes del Estado a investigar el caso.
A continuación el comunicado emitido por la OVCS sobre el caso del activista de derechos humanos Marino Alvarado:
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) expresa públicamente su rechazo a las acciones de violencia de las que fueron víctimas el defensor de derechos humanos Marino Alvarado Betancourt y su pequeño hijo de 9 años de edad, el pasado jueves 1 de octubre de 2015, en la ciudad de Caracas.
La grave situación de violencia sufrida por Alvarado, ex coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), herido y secuestrado junto a su hijo, se enmarca en un contexto de amplia criminalidad y violencia que afecta a Venezuela, y que se agudiza con la creciente política de criminalización y estigmatización de defensores de derechos humanos emprendida por altos funcionarios del gobierno venezolano.
Desde el OVCS valoramos positivamente el pronunciamiento público del Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, exhortando a las autoridades competentes a realizar una exhaustiva investigación que logre dar con los responsables de estos hechos. Al mismo tiempo, exigimos que desde la Defensoría del Pueblo se condene públicamente todo acto de amenaza, hostigamiento, estigmatización y criminalización realizado por funcionarios del Estado hacia defensores de derechos humanos en Venezuela.
En el marco del Estado de Derecho, el OVCS exige:
Que las autoridades venezolanas realicen una investigación expedita, exhaustiva y transparente que permita establecer justicia ante las agresiones sufridas por el defensor de derechos humanos Marino Alvarado Betancourt y su hijo.
Que las autoridades venezolanas implementen mecanismos de seguridad para resguardar la vida e integridad del defensor de derechos humanos Marino Alvarado Betancourt y su familia.
Que el Estado de Venezuela responda a las solicitudes formales hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de protección de defensores de derechos humanos, así como la implementación cada una de sus recomendaciones hechas por la CIDH.