martes, mayo 21, 2024
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Pareja va a juicio por violencia sexual en contra de sus 2 hijas adolescentes

Los abusos comenzaron siete años antes, cuando el padre comenzó a tocarle a las muchachas sus partes íntimas. En cuanto cumplieron 12 y 13 años, comenzó la penetración vaginal. Las menores le contaron a su madre lo ocurrido, pero esta hizo caso omiso a la información

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Arnoldo Antonio Arcila Rodríguez y Érika Lourdes Ruiz Pimentel irán a juicio por su presunta responsabilidad en la ejecución de violencia sexual hacia sus dos hijas de 14 y 15 años en Falcón.

El hecho fue detectado el pasado 2 de febrero a través de una denuncia realizada por un docente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La adolescente mayor reveló que tanto ella como su hermana eran abusadas por Arcila Rodríguez, de 42 años, dentro del inmueble donde vivía, ubicado en el sector El Chimpire, del municipio Miranda. La violencia sexual la ejercía el hombre desde hacía siete años, cuando comenzó a tocarles a ambas sus partes íntimas.

A medida que estas iban creciendo, también se incrementó la gravedad de los actos, al punto que el agresor les practicaba sexo oral y luego las obligaba a hacérselo a él, reseña una nota de prensa publicada este martes 30 de abril en la página web del Ministerio Público (MP).

En cuanto las muchachas cumplieron 12 y 13 años, el padre comenzó la penetración vaginal. Posteriormente, las adolescentes le contaron a su madre lo ocurrido, pero Ruiz Pimentel, de 37 años, hizo caso omiso a la infomación.

Ante esta situación, el Cicpc notificó al MP y dio pie a las experticias pertinentes, que llevaron a la aprehensión el pasado 2 de febrero de la pareja en su domicilio situado en la parroquia San Gabriel.

La Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación contra Arcila Rodríguez por la comisión de violencia sexual agravada y continuada, mientras que se ratificó la acusación en contra de Ruiz Pimentel debido a la comisión por omisión del mismo tipo penal.

La audiencia preliminar se llevó a cabo en el Tribunal 1° de Control de Violencia Contra la Mujer, instancia que con fundamento en la acusación de la representación fiscal, ordenó el pase a juicio para la pareja y mantuvo su sitio de reclusión en la sede del Cicpc situada en Coro.

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