Santa Rosa, tiene sobre su espalda el signo de la pobreza; el azote de delincuentes, pero también enarbola gente humilde y trabajadora
En el populoso barrio de Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, grupos polimilitares, asesinan a cinco ciudadanos, a quienes en forma presurosa los funcionarios calificaron de “peligrosos delincuentes”; tal hecho evidenció una vulgar conducta criminal en la cual entre otros, muere un trabajador del Diario “La Verdad” y su hermano, ingeniero de profesión y trabajador de PDVSA. Estas dos indudables afirmaciones evidencian una conducta anti todo y tiende a sufrir el mismo historial judicial de la masacre del Amparo, ocurrida el 28 de octubre de 1988, en el estado Apure, donde el Ejército y la Disip, asesinaron a 16 pescadores y lesionaron a dos sobrevivientes que fueron testigos valiosos, pero desdeñados por el Sistema Judicial, que garantizó la impunidad en el país, pero que llevado a la Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA en 1990, concluyó con una condenatoria económica, pero en el plano punitivo los criminales, incluido el actual gobernador Ramón Rodríguez Chacín, disfrutaron de una impunidad de Estado.
Ese recuerdo fatal, advierte de la continuidad de pretendidos remedios, que invisten de la función de Jueces y verdugos ejecutores a los cuerpos polimilitares, los cuales arremeten en ciegas carnicerías en un uso feroz del poder de fuego, para acabar con quien sea.
Santa Rosa, tiene sobre su espalda el signo de la pobreza; el azote de delincuentes, pero también enarbola gente humilde y trabajadora. Esos verdugos no distinguen esas características sociales. Asesinar en un país donde no existe la pena de muerte, califica en peor grado a los verdugos y muestra el lado verdadero de la impotencia de quienes no tienen planes de prevención y sanidad social. Matar, es el peor de los negocios y la Fiscalía y órganos del Estado, distraen su atención, homologando este baño de sangre en toda Venezuela, pues esas campañas de extinción de seres humanos, sitúan al ciudadano común en una capitis diminutio, que los hace blanco fácil del hampa de Estado y de la izquierda. Los barrios no tienen la exclusividad del delito, el hampa de derecha, también es ubicable y entre todos se conocen. La repetición de esas ejecuciones califica al Estado venezolano como violador permanente de los derechos humanos más trascendentales.