La presidenta del parlamento regional, Magdely Valbuena acompañada del vicepresidente del CLEZ, Omer Muñoz Ramírez, los legisladores Eduardo Labrador y Dorelis Echeto así como el concejal bolivariano por el municipio Maracaibo, Marnic Gámez
La presidenta del parlamento regional, Magdely Valbuena acompañada del vicepresidente del CLEZ, Omer Muñoz Ramírez, los legisladores Eduardo Labrador y Dorelis Echeto así como el concejal bolivariano por el municipio Maracaibo, Marnic Gámez, informó sobre la consignación realizada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de un recurso de amparo contra la Alcaldesa Eveling de Rosales por su inacción, actitud silente y pasiva ante los hechos violentos que tienen lugar en Maracaibo y que afecta a la ciudadanía en general.
La parlamentaria indicó que la alcaldesa de la ciudad mantiene una actitud silente, permisiva y pasiva, haciéndose cómplice de los actos terroristas contra personas y bienes. “ciudadana alcaldesa usted es responsable de la violación del derecho a la vida, a la protección de la familia, niños, niñas y adolescentes, a la salud, el trabajo, la educación, el ambiente y por ultimo a la violación de la actividad económica. Usted actúa con irresponsabilidad apoyando una violencia desatada propiciada también por su Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular” señaló la parlamentaria Valbuena.
La inacción por parte de la alcaldesa violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al igual que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, donde se establece que debe cumplir con las acciones y las funciones que son inherentes al cargo y a las responsabilidades para las cuales fue electa como autoridad. “usted actúa con premeditación y alevosía. Si su condición política le permite violentar los derechos antes que cumplir con su responsabilidad, despréndase y traslade los recursos que están asignados para que se destinen eficientemente a la limpieza de la ciudad para mantener un ambiente sano”.
Con respecto al caso del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, le apuntó que es responsable de la violación de todos los derechos que tienen los venezolanos y venezolanas, de los heridos que estas protestas han dejado pero además de las muertes de los jóvenes producto de la violencia al contratar delincuentes y paramilitares. “Podrá tener inmunidad pero lo que merece es estar detrás de las rejas por atentar contra la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
En cuanto al petitorio en el documento introducido ante el TSJ refirió que solicitan la admisión del amparo, sustanciada y declarada con lugar; en segundo lugar que la medida cautelar le ordene de inmediato a la alcaldesa de Maracaibo el cumplimiento de sus funciones y realice acciones con los recursos necesarios en función que remueva todos los obstáculos que se encuentran en diferentes calles y avenidas, así mismo evitar el que se continúe obstruyendo el libre tránsito y la generación de hechos violentos. Exhortó a implementar todas aquellas medidas que permitan devolver la paz y la cotidianidad a los habitantes de la capital zuliana, quienes a diario sufren el caos que originan las convocatorias de la ultraderecha.
Por su parte el vicepresidente del CLEZ, Omer Muñoz Ramírez, conminó al TSJ a tomar en cuenta la solicitud realizada ya que a su juicio la alcaldesa hasta la fecha no ha hecho nada por generar paz en la ciudad. “Eveling y todos sus acólitos se convierten en delincuentes al acompañar estos hechos y a ella le sale una pena peor ya que se puso al margen de la Constitución y de las leyes”.
Dijo además que está demostrado que el comportamiento de dirigentes de oposición como el diputado Tomás Guanipa son una acción compartida de tipo terrorista por lo que insiste que es momento que el ejecutivo nacional y regional inicien acciones contundentes para detener las pretensiones de la ultraderecha que quieren sumir al país en una guerra e intentan que sea intervenida por fuerzas extranjeras. “Aquí hay un excesivo nivel de tolerancia, es momento de accionar y detener a los dirigentes que promueven el terrorismo”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CLEZ, Eduardo Labrador, resaltó que sobre la autoridad municipal de Maracaibo reposan más de nueve denuncias ante el Ministerio Público por incurrir en faltas a las leyes, razón por la cual solicita que el organismo de justicia considere la solicitud interpuesta por los parlamentarios zulianos en defensa de los derechos colectivos y difusos.
Dijo que en tres días el TSJ debe estar admitiendo el documento. Posteriormente tendrá un lapso de cinco días para profundizar sobre la causa y notificar a las partes interesadas la decisión emanada. “Estaremos atentos a lo que determine el tribunal supremo y pueden estar seguros los ciudadanos que mediante un tribunal haremos seguimiento para que se dé fiel cumplimiento a la acción de gobierno que debe ejercer la alcaldesa, ya que de no cumplir estaría en desacato con la decisión del tribunal, lo cual es un delito penalizado”.