La AN exige al CNE que «facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa», por parte de organismos internacionales y «a cargo de expertos independientes», de todo el proceso electoral en el que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en disputa
La Asamblea Nacional declaró ayer como fraudulentas las elecciones regionales del pasado domingo y anunció que pedirá a organismos internacionales que auditen los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una sesión, el Parlamento declaró también como fraudulentas las actuaciones del CNE que, afirma, actúa en «alianza» con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La AN exige al CNE que «facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa», por parte de organismos internacionales y «a cargo de expertos independientes», de todo el proceso electoral en el que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en disputa.
El acuerdo contempla además crear una comisión que documente «exhaustivamente las violaciones» al proceso «perpetradas» por el árbitro electoral y el resto de órganos del Estado «que están al servicio del Ejecutivo».
El Legislativo denunciará ante la comunidad internacional «la grave violación de la soberanía popular y de los derechos políticos» que, a su juicio, ha cometido el CNE, por lo que remitirá el acuerdo aprobado hoy a instancias internacionales que se ocupan de los derechos humanos y democráticos.
Julio Borges, presidente de la AN, indicó que tanto dirigentes de la MUD «como parlamentarios van a ir a diferentes partes del mundo, no solamente a denunciar el fraude, sino a presentar al país y al mundo cuál es un sistema electoral confiable».
Borges informó de que las autoridades no permitieron la salida del país a la junta directiva del Legislativo, que se disponía a asistir a la reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Rusia.
El presidente de la Cámara denunció una «persecución» por parte del servicio de inteligencia, e indicó que este hecho demuestra que el Gobierno «decide quién sale y quién entra violando los derechos de la gente sin ningún tipo de prurito».