El Gobierno de EEUU está investigando el supuesto uso de mil millones de dólares, usados por dos empresarios venezolanos para sobornar a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cambio de contratos. Estas investigaciones podrían aumentar las tensiones diplomáticas entre ambos países
El Gobierno de EEUU está investigando el supuesto uso de mil millones de dólares, usados por dos empresarios venezolanos para sobornar a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cambio de contratos.
La agencia EFE tuvo acceso a documentos vinculados con la averiguación.
Esta es la primera vez que EEUU formula en documentos públicos acusaciones de este calibre desde que medios locales desvelaran en mayo la investigación que supuestamente Estados Unidos emprendió contra altos mandos de Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
En escritos judiciales de una Corte de Texas, accesibles ahora al público, el Gobierno estadounidense sostiene que, entre 2009 y 2014, dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera, pagaron mil millones de dólares a directivos de la empresa petrolera a cambio de contratos.
El escrito menciona a cinco ejecutivos de PDVSA, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach.
De los mil millones de dólares ligados a esta trama corrupta, 750 millones están vinculados solo a Rincón, que decidió desembolsar 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo alto cargo, según figura en la orden que cursó la jueza tejana Nancy K. Johnson para mantener en prisión provisional a Rincón.
La investigación de EE.UU. cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos.
De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EEUU reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba.
Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”.
“Rincón tiene una estrecha relación con Hugo Carvajal, un general retirado al que busca la corte del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de drogas”, afirmó en su escrito la jueza Nancy K. Johnson.
Las acusaciones desveladas hoy confirman que la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) es uno de los objetivos de los fiscales estadounidenses, que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera estatal para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó en octubre The Wall Street Journal.
“Estados Unidos está persiguiendo varias pistas a la vez”, dijo el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter, que cree que las supuestas investigaciones por narcotráfico “tensarán aún más las relaciones entre los dos países”, sin embajadores desde 2010.
Las pesquisas parecen centrarse también en las fuerzas de seguridad del país, entre los que destacan los expolicías Jesús Alfredo Itriago y Pedro Luis Martín Olivares, este último también amigo de Carvajal y contra los que Estados Unidos presentó en septiembre cargos por narcotráfico.
En los despachos de Florida y Nueva York, también parece estar preparándose una causa contra el comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, y el exoficial de la unidad antidrogas Edilberto Molina, según desveló este mes The New York Times.
Mientras los fiscales guardan silencio sobre la supuesta investigación, en la arena diplomática las tensiones entre los dos países se complican a medida que los medios desvelan nuevas piezas del rompecabezas judicial, al que Caracas ha reaccionado con dureza, acusando a EEUU de “terrorismo judicial”.
Cauteloso pero constante, el Departamento del Tesoro de EEUU sigue manteniendo desde 2008 en su “lista negra” de personas vinculas al tráfico de drogas a importantes figuras venezolanas, como Carvajal y Henry de Jesús Rangel Silva, actualmente gobernador del estado de Trujillo y exministro de Defensa.
El siguiente punto al que los analistas miran para explicar el futuro de los dos países es la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, cuando está previsto que la oposición asuma la mayoría de dos tercios que ganó en las elecciones legislativas de este mes.
“El trabajo de los fiscales de EEUU podría endurecer la resistencia del Gobierno para cooperar con la oposición”, apuntó Shifter, reconocido analista para América Latina.
Para el experto, la mayor preocupación de la Casa Blanca ahora es la constitución del parlamento de Venezuela y, por ello, podría esperar hasta que las aguas se calmen para presentar oficialmente los cargos de una investigación, que por sus dimensiones e implicaciones, amenaza con remecer a toda América Latina.
diciembre 7, 2024
