Úrsula León, ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, defendió este jueves 20 de marzo en una entrevista con EFE la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao para atajar el aumento de delincuencia, que atribuyó sobre todo a criminales venezolanos que han emigrado en los últimos años.
“Ha habido una alta inmigración de ciudadanos de varios países, principalmente en los últimos años de Venezuela por la crisis que se venía viviendo en ese país y de los cuales, como señalo, muchos ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú han contribuido muchísimo y siguen contribuyendo y son excelentes, excelentes personas”, declaró la ministra.
Sin embargo, “llegó un grupo y han seguido llegando personas que no respetaban los derechos; personas que venían con prontuario o personas que han ingresado de mala forma al país. Y estos generan estos caos”, agregó.
Alrededor de 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos han llegado a Perú desde 2017, según datos del Banco Mundial, huyendo de la crisis en el país.
La cifra de homicidios en el país andino se ha incrementado en los últimos años de forma progresiva. En los dos primeros meses de 2025 se han registrado 368 homicidios, mientras que en 2018 fueron 111 en el mismo período, según el Sistema de Información de Defunciones.
Esta ola de criminalidad se agravó tras el asesinato el pasado fin de semana de un popular cantante de cumbia en Lima, y llevó al Gobierno a decretar el lunes en la capital y en la vecina provincia de Callao, una conurbación en la que vive un tercio de los peruanos, el estado de emergencia por 30 días.
Esta medida está dirigida a “garantizar justamente la seguridad del ciudadano”, precisó León, mientras sostuvo que el Gobierno peruano está llevando a cabo una lucha “muy frontal” contra la criminalidad.
La banda criminal Tren de Aragua, declarada recientemente como terrorista por el Congreso de Perú, ha sido durante años una de las responsables de esta violencia en Perú, aunque la Policía afirmó el pasado febrero que había sido totalmente desarticulada.
Además de en el país andino, el grupo también se ha extendido a Colombia, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
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