Un grupo de activistas por los derechos humanos denunció este martes 28 de enero la acentuación de la política de “represión” contra víctimas directas e indirectas de quienes permanecen encarcelados. Exigieron a la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mayor presión al Estado venezolano para que libere a los detenidos inocentes y garantice las condiciones de reclusión.
“La desaparición forzada y otros tipos de violaciones de derechos humanos se está normalizando”, fue una de las frases con la que familiares de presos políticos en Venezuela alertaron a los organismos internacionales sobre lo que viven más de 1.600 personas que continúan tras las rejas.
Familiares aseguraron que en los centros de reclusión, bien sea cárceles y destacamentos de organismos de seguridad, a los presos políticos no se les permite el derecho a la defensa y se viola el debido proceso, ya que, señalan, no se cumplen los parámetros legales que establecen las leyes nacionales e internacionales sobre las personas privadas de libertad.
“En Venezuela existe una violación sistemática de derecho fundamentales de los presos políticos; no se garantiza el derecho a la vida, se restringe el acceso a la alimentación, al agua y a la medicación”, expresó Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.
Durante la rueda de prensa se dieron a conocer los testimonios de las víctimas de los maltratos y vejaciones por parte de funcionarios del Estado que custodian a los presos y quienes están a cargo de la seguridad durante las visitas.
“Las lámparas de la celda siempre están encendidas”, es una de las denuncias que hace desde la cárcel un preso político a través de su familia. Así también describió un caso en el que a una madre la obligaron a desnudarse y a ser examinada en sus partes íntimas con una linterna previo a ingresar a la visita de 15 minutos a su hijo.
En este sentido, el Comité denunció que los tratos crueles, degradantes y humillantes constituyen una violación a los DD. HH. que generan daños psicológicos y morales a los detenidos como a los familiares. Por esto, alertan que, de continuar acentuándose dichas condiciones, “representa una amenaza a la vida de los presos políticos”.
Testimonios de familiares de los detenidos
Sairam Rivas, esposa de Jesús Armas quien se encuentra detenido en El Helicoide, pidió un pronunciamiento de parte de los organismos, instancias, grupos de trabajo internacionales en materia de DD. HH. ante la situación, la cual calificó de crímenes de lesa humanidad; intermedien para que cesen las detenciones arbitrarias, se les dé libertad, tengan acceso a visita y llamadas en este tiempo de injusta represión.
“Pretender criminalizar y perseguir la lucha de los familiares de presos políticos es una demostración más que el terrorismo está del lado del régimen”, expresó.
Francis Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas quien se encuentra detenido en El Helicoide, rechazó que hayan dirigentes y partidos pensando en concurrir en procesos electorales mientras tienen a sus compañeros en las celdas de “los centros de torturas”.
“Es hora de que esta tolda que dice que va a elecciones que se pongan al frente de esta lucha porque quienes están allá adentro también son políticos y estuvieron con ustedes”, expresó al contar que en las cárceles venezolanas hay más de 1.600 presos políticos entre dirigentes.
Aurora Silva, esposa del diputado de la Asamblea Nacional (2015), Freddy Superlano, manifestó que este 30 de enero cumple 60 semanas sin saber de su esposo. Desde la detención, en julio pasado, no ha tenido conocimiento sobre él, más allá de un papel que le entregan en el centro de reclusión con cosas que necesitan. Dijo que cuando va a la cárcel a pedir la visita, los funcionarios le dicen que deben esperar la orden de Presidencia para permitirle ver a su esposo.
A través de un comunicado, el grupo de familiares exigió a Nicolás Maduro y al fiscal general, Tarek William Saab, revisar todos los casos de personas presas por razones políticas y otorgarles la libertad.
Fuente: Tal Cual
📢@clippve denunció que los detenidos durante el contexto postelectoral han sido víctimas de torturas, tratos crueles y degradantes. Destacaron los casos de los dirigentes Jesús Armas y Freddy Superlano, quienes no han podido contar con defensa privada
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) January 28, 2025
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