La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebró este jueves una audiencia pública en la que representantes legales solicitaron una condena contra Venezuela por la presunta detención ilegal y tortura sufridas por Jorge Rojas Riera, un estudiante detenido en 2003 durante una protesta en Caracas contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Según el testimonio presentado, Rojas, quien tenía 30 años en ese momento, fue arrestado en la Plaza Francia de Altamira por funcionarios de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Su defensa denunció que la detención fue arbitraria y que fue víctima de tortura física y psicológica mientras se encontraba bajo custodia.
“Me bajaron a golpes y empujones, recuerdo una puerta negra y un recinto cerrado muy iluminado. Soy recibido a golpes y patadas por una cantidad que no puedo determinar de personas. Luego me meten a una habitación, me tapan los ojos para no ver, sigo esposado y me ponen bolsas plásticas para interrogarme”, relató Rojas durante la audiencia virtual.
Agregó que debido a las bolsas plásticas perdió varias veces el conocimiento y que también recuerda que le dijeron “hasta aquí llegaste”, para luego disparar a un lado. “Sentí la onda expansiva, hicieron una simulación de ejecución”, expresó.
Jackeline Sandoval, abogada y representante de la víctima, pidió que la Corte condene o sancione al Estado venezolano por violaciones a los derechos a la libertad e integridad personal y derecho a manifestarse, además de su omisión en prevenir y sancionar la tortura.
Cristina Blanco, coordinadora de la Sección de Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que aunque hay disputas sobre las circunstancias exactas de la detención, varios testigos afirmaron que Jorge Rojas no portaba armas al momento de ser abordado por agentes estatales, quienes lo agredieron y arrestaron.
La demanda presentada por la CIDH ante la CorteIDH señala que Rojas fue llevado a ‘El Helicoide’, donde fue sometido a interrogatorios sobre otros manifestantes.
Allí sufrió múltiples abusos, entre ellos golpes con puños y patadas, impactos con culatazos de arma, fue atado con una soga en las manos para mantenerlo en posición y le colocaron bolsas plásticas para provocarle asfixia.
En agosto de 2004, un tribunal condenó a Rojas a cuatro años y seis meses de prisión por porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Su defensa apeló la sentencia, pero la Corte de Apelaciones rechazó los recursos.
Finalmente, en junio de 2009, el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró extinguida la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su liberación definitiva.
Como ha sido habitual en los últimos años, el Estado venezolano no presentó representantes para la audiencia de este jueves ante la CorteIDH. La decisión final del tribunal se espera en los próximos meses.
Fuente: EFE.
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