Por cuarta vez se concentraron familiares de presos políticos para exigir la visita de la alta comisionada de la ONU al país.
Familiares de presos políticos acudieron hoy a la sede de las Naciones Unidas en Caracas para pedir la visita “urgente” a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la organización.
Lilian Tintori manifestó que es la cuarta vez que acuden a la sede a exigir la visita de la autoridad. “Como todos los martes estamos en la ONU, entregando un escrito, esperando respuesta, no nos vamos a cansar de venir, seguiremos esperando respuestas”.
En la actividad los opositores se acostaron en el asfalto simulando a las personas que fallecieron en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
Tintori enfatizó que es “urgente” que se dé la visita de Bachelet para que constate la situación de los “presos políticos” y la crisis humanitaria en el país.
“La visita es urgente para la ONU vean cómo se va la luz, cómo no se consigue comida, cómo los venezolanos luchan todos los días para lograr pagar un mercado que no les alcanza porque hay una crisis humanitaria.
La opositora indicó que la crisis que atraviesa el país es la peor de su historia y aseguró que aunque el organismo les ha dicho que se están realizando los preparativos para la visita de la alta comisionada, los venezolanos exigen una “respuesta formal”, donde se anuncie una fecha e hizo un llamado a la región y la comunidad internacional a actuar ante lo que sucede en Venezuela.
Juan Requesens, padre del dirigente de Primero Justicia, manifestó que su hijo se encuentra preso tras ser acusado de participar en el atentado del 4 de agosto.
Requesens denunció que su hijo padece una “celulitis facial”, producto de un problema en un diente que no ha sido tratado adecuadamente.
A la actividad asistieron los dirigentes en compañía de excarcelados opositores, quienes han exigido en múltiples oportunidades la libertad de todos los presos políticos.
Manifestaron que en Venezuela hay cerca de 400 “presos políticos”, aun cuando la ONG Foro Penal señala que son más de 200.