Planes de seguridad exitosos

Más allá de cualquier consideración de carácter político partidista, y bajo un enfoque netamente técnico, es innegable que la gestión de la seguridad ciudadana en Venezuela, pasa por uno de los peores momentos en su historia

Más allá de cualquier consideración de carácter político partidista, y bajo un enfoque netamente técnico, es innegable que la gestión de la seguridad ciudadana en Venezuela, pasa por uno de los peores momentos en su historia.

Aún sin contar con datos y estadísticas oficiales y públicas emitidas por el Estado venezolano, la percepción y la cruda realidad cotidiana que sufren los ciudadanos no deja espacio a la duda.

No solo se trata de la evolución ascendente de los delitos tradicionalmente conocidos, sino de la aparición de nuevas modalidades criminales en todo el país.

Desde el Plan Bratton presentado en el año 2000, por el para entonces alcalde metropolitano, Alfredo Peña, hasta la activación de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el año 2015, los más de 20 planes de seguridad han tenido como factor común el no haber logrado sus objetivos.

Si se analizan los casos de éxito que se han presentado en años recientes en América Latina, podemos identificar varios factores comunes, los cuales deben considerarse si se desea incidir de manera positiva en los indicadores de la seguridad ciudadana de Venezuela.

Voluntad política: Al filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, se le debe en gran medida el concepto. La voluntad política general, debe considerar la suma de los intereses que el pueblo tiene en común. Y si hay un interés común en Venezuela es el de solucionar el problema de la inseguridad. Cualquier plan de seguridad tiene los días contados, si no existe una sincera y decidida voluntad política que deje a un lado los intereses particulares y se enfoque en los requeridos por ese pueblo, que al fin y al cabo es quien en los sistemas democráticos, elige a los líderes políticos.

Participación multidisciplinaria: Sobran los ejemplos no solo en América Latina sino en diversas partes del mundo, donde la evolución de las amenazas ha obligado a la participación de otros actores en el diseño e implementación de las políticas de seguridad. A medida que los criminales utilizan modos de operar cada vez más complejos, los Estados se ven en la necesidad de incorporar profesionales con conocimientos y habilidades específicas, pero orientadas hacia la seguridad. La protección de los ciudadanos y sus bienes, es algo demasiado serio, complejo e importante, para dejarlo solamente en manos de los políticos.

Recurso humano: Todo sistema de seguridad tiene al recurso humano como uno de sus pilares fundamentales. Vivimos en un mundo globalizado del cual es imposible mantenerse aislado, tanto para las interacciones nocivas como las que aprovecha el crimen organizado transnacional, como para las convergencias de instituciones cuyo objetivo es el combate al delito. Con un entorno bajo estas características se hace necesario desarrollar y mantener un recurso humano capacitado y motivado. En la misma medida que un funcionario público dedicado a la seguridad de los ciudadanos, evidencia que sus necesidades familiares de vivienda, educación, salud y alimentación, entre otros están cubiertas, la dedicación a su carrera y por ende, los resultados serán de mayor y mejor calidad. 

Infraestructura y tecnología: Imagine que como parte de las gestiones habituales de seguridad ciudadana, las calles de su ciudad que han sido previamente clasificadas por los organismos policiales, son patrulladas día y noche con el apoyo de drones. Estos vehículos aéreos no tripulados, tienen la capacidad de transmitir en tiempo real imágenes y sonido, de cualquier situación que requiere la intervención de funcionarios policiales. Sus registros quedan grabados e incluso minimizan la exposición de seres humanos a riesgos que atentarían contra su integridad física. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo la tecnología es una aliada en funciones de seguridad, reforzando las comunicaciones, las actividades forenses, la movilidad de personas, disponibilidad y procesamiento de información, e incluso el armamento y equipos de protección individuales y colectivos. 

Servicios judiciales: Los retardos procesales son característicos en el sistema judicial venezolano. La reingeniería de los procesos, la actualización profesional, la adecuación de las infraestructuras y la implementación de nuevas tecnologías de la información, son solo algunas de las opciones posibles.

Servicios penitenciarios: En términos generales, las cárceles venezolanas no son más que inmensos depósitos de seres humanos. El hacinamiento carcelario, la mala alimentación, el consumo de licor y drogas, el desordenado ingreso y permanencia de familiares, y la instauración de autoridades informales, dista mucho de lo que debe ser un centro carcelario donde se pague la deuda a la sociedad pero a la vez se brinden posibilidades de una futura incorporación productiva a la misma. Podría considerarse la implementación de actividades que actualmente forman parte de regímenes exitosos: trabajos cuya remuneración reciba en un porcentaje la familia inmediata, las posibilidades de iniciar o continuar estudios hasta de niveles universitarios, infraestructuras diseñadas especialmente para mantener de forma decente y segura a la población penal, entre otros.

Cultura de participación ciudadana: El Estado es el principal responsable de la seguridad ciudadana de un país, pero los ciudadanos deben formar parte activa. Para ello se le debe incentivar por ejemplo, mediante campañas cuyo objetivo común, sea el desarrollo de una cultura de seguridad basada en la participación, la confianza y el compromiso.

Las herramientas están disponibles, son reales las posibilidades de éxito, pero el tiempo apremia y la demora en tomar decisiones inteligentes tiene un alto costo: la vida y las propiedades de las generaciones actuales y futuras.