Javier Velazco, gremialista de transporte en frontera, manifestó su inconformidad por el trato de las autoridades colombianas, considerando que no se están dando los pasos para que exista igualdad de condiciones
El Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) emitió un comunicado oficial en el que declara que los transportistas de servicio público fronterizo provenientes de Venezuela, ya sea individual o colectivo, no pueden ingresar a la ciudad colombiana, ya que el permiso de circulación se venció el pasado 30 de diciembre.
La misiva está dirigida a las empresas de transporte público fronterizo que trasladan a pasajeros desde San Antonio de Táchira, desde el lado venezolano de la frontera, hasta territorio colombiano.
“Les indicamos que no pueden ingresar al Área Metropolitana de Cúcuta a operar, toda vez que, si realizan desplazamientos operativos por el territorio metropolitano, estarían infringiendo la Resolución 073 de 2003 (expedida por el AMC) y de igual forma trasgrediendo la Ley 336 de 1996”, indicó el documento de fecha 4 de enero.
Jorge Francisco Calderón, subdirector del Transporte Público del AMC, resaltó que de violarse la resolución “daría lugar a la apertura de investigaciones administrativas”.
Frente a este escenario, Javier Velazco, integrante del gremio de transporte en frontera, manifestó su inconformidad por el trato de las autoridades colombianas, considerando que no se están dando los pasos de manera recíproca para que exista igualdad de condiciones, tanto para el colombiano como para el venezolano.
El gremialista considera que la decisión del AMC de no extender el permiso y de no emitir una fecha fija para solventar la situación incentiva la proliferación del conductor informal que, a su juicio, se aprovecha del panorama actual.
Instó a las autoridades del AMC a tener un trato más justo con los trabajadores del lado venezolano, cuyas empresas están inmersas en los acuerdos y tratado para hacer la ruta binacional, por lo que “urge que nos den una solución”.
Velazco aseguró que ellos no pretenden evadir las reglas y las normas colombianas, pero “sí se requiere mayor flexibilidad con nosotros. Tenemos derecho al trabajo y estamos legalmente constituidos”.
Fuente: La Nación
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