El cambio que proponemos tiene como objetivo central restablecer la vigencia de los derechos establecidos en la Constitución para todos los ciudadanos
Cuando ya nos hemos inscrito los candidatos de la Unidad Democrática y los de Maduro para la elección de los integrantes de la próxima AN, se aproxima una decisión que marcará el presente y el futuro de Venezuela. El próximo 6-D el pueblo venezolano se pronunciará sobre el destino que quiere para nuestro país. La trascendencia de lo que está en juego le exige a todo el que se sienta venezolano, y le importa su país, su deber de participar votando para que su opinión sea parte de la voluntad nacional.
El cambio que proponemos tiene como objetivo central restablecer la vigencia de los derechos establecidos en la Constitución para todos los ciudadanos, empezando por el derecho a la vida hoy amenazada por la delincuencia desbordada acompañada de la impunidad generada por una justicia partidizada; el derecho a la salud, hoy privatizada por la ineficiencia de los servicios públicos de salud al punto de que las clínicas privadas están sobrepasadas en su capacidad además de los altos costos de los servicios médicos y la gran dificultad para conseguir las medicinas; la educación que es la mejor vía para la superación del pueblo cada día es de peor calidad, tanto porque a los educadores no se les paga lo que se merecen y muchos se han ido o cambiado de profesión, como por el hecho de que de acuerdo a las políticas de este Gobierno lo importante es que los estudiantes pasen de grado o se gradúen en cualquier cosa, aunque no aprendan nada; el derecho a la alimentación cada día está más amenazado por el alto costo de la vida y la escasez de alimentos, que son consecuencia directa de la destrucción de la economía nacional por la acción de un modelo comunista corrupto que además ha destruido la capacidad adquisitiva del bolívar, porque a pesar de que le quitaron tres ceros para llamarlo “bolívar fuerte” hoy es más débil que nunca, y quien está pagando las facturas del fracaso de este Gobierno es el pueblo asalariado que es la gran mayoría, pero que sufre el drama de que su sueldo es en bolívares y los precios de lo que necesita comprar están dolarizados; el derecho a la propiedad privada amenazado por las expropiaciones y las arbitrariedades debe ser restablecido para que la inversión nacional y extranjera tengan la confianza para generar empleo estable y bien remunerado, y para producir comida, bienes y servicios en general, que es la única vía de combatir el alto costo de la vida.