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La diputada Delsa Solorzano afirma que la sanción a la Defensoría del Pueblo sería producto de las violaciones a los derechos humanos. El defensor Tareck William Saab califica de “tendenciosa” la petición de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés).
La polémica se originó por el informe publicado la semana pasada por la Ganhri, donde solicita que la Defensoría venezolana sea degradada a la categoría “B” por la Organización de Naciones Unidas (ONU). William Saab afirmó que la solicitud se realizó por la denuncia de cinco ONG que, a su juicio, solo buscan desestimar las labores del organismo.
“Ellos dicen que si quedamos en “B” no vamos a tener ni voz, ni voto. Falso. Nosotros podemos seguir interviniendo en los foros internacionales”, declaró el funcionario venezolano en rueda de prensa.
El defensor del Pueblo se defiende: “En el caso de que allí nos bajen de categoría, igual trabajaremos con UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas y con la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el Observatorio de Derechos Humanos y otras instancias” y considera deficiente la actuación de Ganhri. “Entregamos más de mil documentos con videos y fotografías de nuestro trabajo y ninguno de ellos fueron tomados en cuenta”, reclamó.
Consecuencia de la indiferencia
A la diputada Delsa Solórzano la decisión del sub comité de la ONU no le sorprende. La legisladora opositora afirma que la situación de indiferencia de la Defensoría del Pueblo ha sido una constante en la gestión de ese despacho.
“Lo vimos en primer término, con los torturados y presos a consecuencia de las manifestaciones pacíficas que hubo en el año 2014 en Venezuela, donde incluso hubo varios casos certificados por la Organización de Naciones Unidas como violación de Derechos Humanos. La Defensoría, a pesar de haber recibido denuncias de estos casos, nunca las tramitó”.