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La Procuraduría General de Colombia presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) las pruebas de “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el Gobierno de Venezuela, para que se procese y capture al presidente Nicolás Maduro, así como a otros funcionarios de su gabinete.
La afirmación fue hecha por el procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, quien denunció el ataque sistemático y generalizado de la Guardia Nacional Bolivariana, cuya acción obligó a miles de colombianos a exiliarse y apartarse de su familia.
“Por instrucción del señor Nicolás Maduro, la Guardia venezolana empezó a hacer celadas contra colombianos, detenciones ilegales y privaciones de libertad sin una orden judicial, en especial a los hombres, vendándoles los ojos y subiéndolos en buses y camiones hasta la frontera o desapareciéndolos. De igual manera, las mujeres denunciaron haber sido objeto de abuso sexual y manoseo de parte de los miembros de la Guardia”, relata uno de los apartados del documento de 19 páginas que será entregado a la CPI y el cual fue citado por Noticias Caracol.
El procurador Ordóñez resaltó que las deportaciones o traslados forzosos de la población están contempladas como un crimen dentro del Estatuto de Roma, por ello la solicitud hecha a la fiscal Fatou Bensouda de que expida un orden de captura en contra del presidente Nicolás Madura; el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la canciller Delsy Rodríguez; y el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora; así como contra dos generales de la FANB.
Por su parte, Alejandro Ordóñez explicó al diario El Espectador que la acción del gobierno de Nicolás Maduro es catalogada como un ataque sistemático, en el que se comete una serie de delitos: una campaña de persecución contra los pobladores colombianos en Venezuela; cientos de deportaciones arbitrarias sólo por ser colombiano; la criminalización, humillación y tratos crueles; medidas de aislamiento, demolición de casas y hostigamiento sin orden judicial; múltiples casos de abuso sexual contra colombianas; torturas sicológicas desplegadas; separación injustificada de padres colombianos e hijos nacidos en Venezuela; y una política de xenofobia.