Magdelis Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), explicó que la medida de inhabilitación contra el exgobernador Pablo Pérez responde a delitos administrativos ocurridos durante su gestión relacionados con el desvío de recursos destinados a proyectos en el estado
“No hay retaliaciones políticas”. Magdelis Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), rechazó el “pase de factura” que implicaría la inhabilitación del exgobernador Pablo Pérez sentenciada la semana por la Contraloría General de la República y justificó la medida que le impediría al político opositor ejercer algún cargo público durante 10 años.
Señaló que la medida respondería al procedimiento derivado del presunto desvío de 145 millones de bolívares destinados a la inversión de obras de infraestructura y usado para el pago del personal obrero y administrativo.
“Quien sabe de administración sabe que hay conjunto de procedimientos en la Ley Orgánica de procedimientos que fueron flagrantemente violados”, declaró Valbuena.
Acompañada por los legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), del Partido Comunista (PC) y de la representación indígena, consideró ajustada la respuesta por parte de la Contraloría a las denuncias presentadas en mayo de 2013 por su Despacho y por el exsecretario de Gobierno, Blagdimir Labrador, que implican a Pérez en el delito de malversación de fondos.
Explicó que las acusaciones contra Pérez provienen de denuncias recabadas durante su gestión como gobernador del Zulia y que resultaron en hechos que afectaron a los ciudadanos de la entidad.
Entre las irregularidades denunciadas destaca el pago, desde el 31 de enero hasta el 12 de diciembre de 2012, de 50.049.750 bolívares dirigidos a 63.567 personas que no pertenecían a la nómina del gobierno zuliano y el otorgamiento de las becas estudiantiles Jesús Enrique Lossada (JEL), sin cumplir con los requisitos y de las cuales fueron entregadas 17.076 en 2012, comprometiendo recursos no asignados para este programa.
También se denunciaron pagos recurrentes para la realización de obras de rehabilitación del Parque La Marina, construcción del distribuidor Patrulleros, ubicado en la Circunvalación 3 y obras educativas, sin existir evidencias físicas de intervención de los mismos.
Pérez quedó inhabilitado durante 10 años tras la sentencia emitida por la Contraloría. El exmandatario regional acusa esta decisión como un ataque contra la disidencia al Gobierno.
Con información de Nataly Angulo