El magistrado Maikel Moreno señaló que el actual Parlamento, por encontrarse en desacato, no puede remover a los representantes del Poder Judicial como se pretende discutir en la sesión de este martes
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, aclaró que la Asamblea Nacional no tiene "legitimidad" para iniciar, como pretenden, un proceso para destituir a los magistrados que dirigen el Poder Judicial.
El jefe de la máxima corte venezolana aseguró, con un mensaje en Twitter desde la cuenta del TSJ, que en los actuales momentos la Asamblea Nacional (AN) "carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados”.
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La precisión de Moreno se refiere al proceso que intentarán iniciar los opositores para remover de sus cargos a los magistrados que dirigen la Sala Constitucional.
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La iniciativa legislativa busca emprender acciones contra los jueces que dictaron un fallo con el que limitaban la inmunidad parlamentaria y daban al Supremo las facultades del Poder Legislativo mientras este permaneciera en desacato.
El Parlamento ha estado en desacato y por tanto sus actos declarados nulos casi todo el último año por desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que ordenaba la suspensión de tres parlamentarios opositores, recién electos, por supuesto fraude en el proceso electoral.
Según la Constitución venezolana, "los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano".
Un grupo de diputados opositores pidió al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que actualmente ocupa la presidencia del Poder Ciudadano, que fije una posición ante la "violación del orden constitucional" que, a su juicio, significó la decisión del Supremo que dejó sin competencias al Parlamento.
Aunque la decisión fue revocada poco después por el propio Tribunal Supremo luego de un exhorto de los poderes públicos, la oposición ha insistido en que lo ocurrido debe ser sancionado por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo).
El defensor negó implícitamente que se haya producido una ruptura del orden constitucional tras la decisión del Supremo de arrogarse las facultades del Legislativo.