El Comité de Acreedores de Venezuela posee aproximadamente $ 12.000 millones de la deuda que sobrepasa los $ 60.000 millones en bonos de Venezuela, y esperan que la Administración de Joe Biden elimine el veto para renegociar dichas bonificaciones
El Comité de Acreedores de Venezuela, formado por instituciones estadounidenses y extranjeras, contrató formalmente a una firma especializada para presionar al Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) para que se levanten las sanciones que impiden renegociar la deuda nacional, así como reducir las pérdidas por la desvalorización de los títulos.
La deuda venezolana en default se cotiza a menos de 10 centavos de dólar y va en bajada. Estos bonistas poseen aproximadamente 12.000 millones de dólares de la deuda que ya supera los 60.000 millones de dólares más intereses.
Por lo que contrataron a BGR Group, con sede en Washington, para aumentar la presión a la Administración de Joe Biden para levantar la prohibición de negociar dichos bonos en mora, ya que corren el riesgo de perder influencia sobre el gobierno de Nicolás Maduro en caso de una reestructuración de la deuda.
Las sanciones vigentes por EE. UU. prohíben a las empresas y particulares, con sede en Estados Unidos, comprar o vender las obligaciones emitidas tanto por el Gobierno de Venezuela como PDVSA.
Los inversionistas consideran que eliminar la prohibición de transar estos títulos no beneficiaría directamente a la Administración de Maduro y establecería una situación de “igualdad de condiciones” para los tenedores que se consideran injustamente desfavorecidos por las sanciones.
Maduro hizo al menos dos ofertas públicas a los tenedores de bonos para renegociar el pago de la deuda y mantiene su disposición a pagar, pero insistió en que las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump en 2019 dieron origen a default y no la insolvencia del Ejecutivo venezolano.
Sin embargo, las condiciones establecidas por el Ejecutivo del oficialista imponían a los tenedores renunciar a las reclamaciones judiciales y conseguir el levantamiento previo de las sanciones para poder negociar, según reseñó el portal web de Banca y Negocios.
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